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Los seis hijos varones de Ruiz Mateos condenados a 7 años y 4 meses de cárcel

La Audiencia Nacional determina que la captación de fondos de 4.110 personas se hizo cuando el grupo ya "tenía deudas acumuladas por importación de millones de euros y carecía de liquidez".

Cinco de los hijos de Ruiz Mateos.

Cinco de los hijos de Ruiz Mateos.archivo

David González
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La Audiencia Nacional ha condenado finalmente a 7 años y 4 meses de cárcel a los seis hijos varios del fallecido empresario José María Ruiz-Mateos por delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes en la operativa delictiva puesta en marcha para captar fondos para el Grupo Nueva Rumasa entre los años 2009 y 2011. La Sección Segunda de la Sala Penal de la AN también condena a 6 años y 3 meses de prisión a José Ramón Romero, que estaba al frente de la oficina del grupo en Jerez de la Frontera, que era conocido como 'el banquito de Jerez'. Otras cuatro personas han resultado absueltas.

La Audiencia Nacional condena a los hermanos Ruiz-Mateos Rivera a indemnizar de forma conjunta y solidaria a los perjudicados. Además de al pago de las costas de las acusaciones particulares en la causa. 

El Grupo Nueva Rumasa

La sentencia explica que el “Grupo Nueva Rumasa” estaba constituido por un complejo conglomerado de sociedades que, si bien participaban de una gestión común dirigida a un mismo fin, no conformaban un grupo consolidado en el sentido definido en la legislación mercantil y fiscal, a pesar de hacerlo constar así en su publicidad, pues esas sociedades carecían de una matriz común. Sin embargo, el patrimonio y la tesorería de esas sociedades se venían poniendo durante años indistintamente al servicio de todo el grupo, que funcionaba de hecho como una sola empresa tanto a efectos financieros como de responsabilidad patrimonial.

Aunque el grupo pertenecía en última instancia a la familia Ruiz-Mateos, indica, la mayoría de esas sociedades pertenecían formalmente a otras sociedades extranjeras, generalmente radicadas en paraísos fiscales y en jurisdicciones no cooperantes o de baja tributación ‒fundamentalmente Belice, Panamá y Holanda‒, lo que unido al empleo de testaferros y de despachos fiduciarios “permitió durante años dotar a todo el entramado de un considerable grado de opacidad”.

Este grupo societario estaba dirigido y gestionado por los acusados Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos Rivero, junto con su padre, quienes asimismo contaban con un pequeño grupo de fieles colaboradores.

Según la sentencia, a principios del año 2009 la situación económica y financiera del “Grupo Nueva Rumasa” era de una considerable gravedad, pues tenía deudas acumuladas por importe de millones de euros y carecía de liquidez para hacer frente a sus compromisos económicos y para sostener la actividad regular de las empresas, que necesitaban 52 millones de euros para atender sus pagos más inmediatos. entre tales compromisos se encontraban deudas por 197,5 millones de euros que vencían ese año y por otros 194,6 millones de euros que vencían en el año 2010.

Así captaban fondos

“Ante esas circunstancias adversas que agravaban la situación de insolvencia de las empresas o las abocaban a esa situación de modo inminente, y ante la imposibilidad de seguir recurriendo a la financiación bancaria, los responsables del “Grupo Nueva Rumasa”, ocultando dicha situación crítica a los acreedores, proveedores, consumidores y demás intervinientes en los sectores en los que desarrollaban su actividad ordinaria, decidieron poner en marcha un nuevo mecanismo dirigido a captar fondos del público con los que poder, no solo enmascarar por un tiempo esa situación, sino también poder hacer frente a los cuantiosos gastos personales, familiares y domésticos y principalmente a los préstamos que gravaban sus viviendas, que a principios del año 2009 superaban los 18 millones de euros”, relata.

Teresa Rivero y José María Ruiz-Mateos

Teresa Rivero y José María Ruiz-Mateosarchivo

Para captar tales fondos los acusados Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos Rivero, junto con su padre, decidieron apelar al ahorro del público mediante agresivas campañas en los medios de comunicación de ámbito nacional, fundamentalmente en la prensa escrita, en las que ofrecían invertir en sus sociedades productivas más conocidas a cambio de remunerar con elevados intereses esas inversiones, cuidando que en esas campañas se mostrara siempre una imagen de solvencia y bonanza empresarial del “Grupo Nueva Rumasa” que sabían que carecía de todo sustento.

Las marcas conocidas

Según el tribunal, el mecanismo ideado por los acusados consistía en obtener préstamos de los inversores cuya devolución junto con el abono de los intereses se garantizaría mediante la entrega de unos “pagarés de empresa” o “pagarés corporativos” no a la orden, emitidos y avalados por sociedades del “Grupo Nueva Rumasa”, aprovechando la confianza general que los consumidores venían depositando en los productos comercializados por sus empresas con mayor presencia en el mercado nacional bajo marcas conocidas que se incluían estratégicamente en la publicidad, ocultando siempre su situación real de insolvencia.

La resolución señala que no se conoce con exactitud número total de inversores que adquirieron pagarés u otros efectos del “Grupo Nueva Rumasa”, pues existían algunas inversiones opacas, pero, según sus propios responsables, en el período examinado se captaron fondos de, al menos, 4.110 personas.

Según esa información, precisa la sentencia, el importe total de los fondos captados fue de 337.377.450,60 €, mientras que el auxilio judicial ha podido identificar la entrada en las cuentas de “Grupo Nueva Rumasa” de, al menos, 243.476.514 € procedentes de los adquirentes de pagarés entre los meses de febrero de 2009 y febrero de 2011.

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