El PSOE, contra los periodistas por destapar la corrupción: acelera la reforma para censurarles en el Congreso

El Congreso se prepara para aprobar por la vía urgente una polémica reforma que permitirá sancionar a periodistas acreditados en la Cámara Baja. El PSOE y sus socios han pisado el acelerador para tener lista este mismo mes una norma que muchos ya llaman la "ley anti Vito Quiles", en referencia al reportero de EDATV que con sus preguntas incomoda a los políticos y protagoniza polémicas en dependencias parlamentarias. Lo llamativo es que el Gobierno y sus aliados parecen tener más prisa por echar a determinados periodistas que por abordar los casos de corrupción que salpican su entorno político.

La reforma del Reglamento del Congreso, que cuenta con el apoyo del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, se votará en dos sesiones plenarias previstas para julio: una el próximo martes 8 y otra en la penúltima semana del mes. La tramitación se está realizando por el procedimiento de urgencia ya que los meses de julio y agosto hay vacaciones en el Congreso, lo que acorta los plazos parlamentarios a la mitad, con la intención de que entre en vigor al inicio del siguiente periodo de sesiones tras el verano.

¿Qué dice la norma?

El texto nace tras una serie de incidentes protagonizados por periodistas como Vito Quiles a quienes los partidos impulsores califican como “pseudoperiodistas” o “activistas de ultraderecha”. Su objetivo, aseguran, no es limitar la libertad de prensa, sino garantizar el funcionamiento adecuado del Congreso y proteger a otros informadores de actitudes que consideran hostiles o inaceptables.

Entre las principales medidas se incluye la regulación del procedimiento de renovación de credenciales para periodistas, la creación de un régimen sancionador para quienes obstaculicen la actividad parlamentaria o la labor de otros medios, y la puesta en marcha de un nuevo Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria. Este órgano, con representantes de todos los grupos y de asociaciones profesionales, podrá proponer sanciones, aunque será la Mesa del Congreso quien decida en última instancia.

Además, se obliga a los informadores a respetar "las reglas de cortesía parlamentaria" y las directrices de la Cámara. Grabar sin acreditación o perturbar la actividad informativa podrá conllevar sanciones, que van desde la suspensión temporal hasta la retirada definitiva de la acreditación.

Rechazo de PP y Vox: intento de limitar la libertad de prensa

El Partido Popular y Vox se oponen frontalmente a esta reforma. Ambos partidos han presentado enmiendas de totalidad que se debatirán el martes 8. El PP, en su propuesta alternativa, elimina cualquier referencia a la regulación de las acreditaciones de prensa y recuerda que, según la Constitución, la Presidencia del Congreso tiene autoridad exclusiva para mantener el orden en sus dependencias. En su opinión, trasladar esa competencia a la Mesa o a un nuevo órgano vulneraría el reglamento actual.

Sí están de acuerdo, en cambio, con la parte de la propuesta que amplía los supuestos para que los diputados puedan votar telemáticamente, por razones familiares o de fallecimiento de un ser querido.

Vox, por su parte, rechaza completamente cualquier intento de “regular el derecho de información” en el Congreso, al que considera una amenaza directa a la libertad de prensa. Su enmienda recoge, además, varias de sus antiguas reivindicaciones sobre el funcionamiento interno de la Cámara.