El enésimo ridículo de Sánchez por contentar a Puigdemont pone el broche a otra 'semana horribilis' en Europa

Semana esta de mitad de julio repleta de tirones de oreja desde Bruselas la que ha tenido Pedro Sánchez y que ha culminado con el enésimo (séptimo, para ser más precisos) 'no' por parte de la Unión Europea a reconocer el catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales. Este es otro de los pagos que el presidente del Gobierno prometió a los independentistas catalanes para que le dieran su apoyo. Sin embargo su discurso y sus intenciones no cuelan en Bruselas.

Y es que en España ya conocemos como se las gasta Sánchez, con su mantra de sobrevivir a toda costa, pero en Europa también empiezan a darse cuenta de qué pie cojea el máximo dirigente socialista. Supervivencia mucha, escrúpulos y valores pocos. Un hecho peligroso teniendo en cuenta que al líder del PSOE siempre le han vendido como un político con altas miras internacionales. Sin embargo, sus concesiones a cambio de mantenerse en el poder le están pasando factura en nuestro país y más allá de él, donde empiezan, como se dice coloquialmente, a calarle.

"Europa no está para pagar los chantajes de los socios independentistas", ha apuntado durante la jornada desde el PP su vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, calificando de nuevo "ridículo" y "fracaso internacional" lo sucedido este viernes en Bruselas con el asunto de la oficialidad del catalán que Sánchez pactó con el fugado en Waterloo.

Ezcurra ha asegurado que Sánchez "ha prometido a sus socios independentistas algo que sabía que no podía cumplir". La dirigente popular resume el sentir de los suyos en lo que es ya una constante: "Les ha tomado un poco por estúpidos y ahora les va a tener que dar una explicación", ha advertido, poniendo el broche a una semana en la que desde la Unión Europea ha comprobado como se las gasta Sánchez.

Primer golpe: rechazo a la amnistía a pesar del sí del Constitucional de Pumpido

La Comisión Europea habló alto y claro: la Ley de Amnistía promovida por el Ejecutivo de Sánchez no parece servir al interés general de España, sino más bien al interés político del pacto que permitió su investidura. Así lo dejaron bien claro por escrito en sus alegaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), donde cuestionan duramente tanto el fondo como las formas de la controvertida norma pactada con Carles Puigdemont.

Para Bruselas, la ley no solo nace de un acuerdo político, sino que se ha tramitado ignorando recomendaciones clave. En particular, recuerda que el Gobierno español desoyó las advertencias de la Comisión de Venecia, que pedía un proceso más pausado y un diálogo auténtico para buscar una verdadera reconciliación.

Pero las críticas no acaban ahí. La Comisión advierte de que la Ley de Amnistía podría haber obstaculizado investigaciones del Tribunal de Cuentas, especialmente en lo que respecta al posible uso de fondos europeos en el procés. Si, como sostiene dicho tribunal, la norma exime de responsabilidad a personas que no deberían estar cubiertas por su contenido, Bruselas considera que se estaría incumpliendo el principio de claridad y precisión que exige el derecho de la Unión.

El Gobierno esconde un duro informe europeo sobre la lucha contra la corrupción

Además, esta semana también se ha conocido que el Gobierno ha retrasado de manera plenamente consciente hasta el 1 de agosto la publicación de un informe europeo (informe GRECO) que lo acusa de ignorar medidas clave contra la corrupción y de las que fueron avisados en 2019. La fecha no es casual: coincide con el inicio del mayor éxodo vacacional del año, cuando baja el seguimiento ciudadano a la política y a los medios, lo que ha provocado las críticas desde la oposición, asegurando que pretenden "colarlo" cuando media España (o más) está de vacaciones.

Entre los puntos más delicados que el Ejecutivo ha desatendido están el mayor control sobre los asesores gubernamentales —una referencia directa al caso de Koldo García, estrecho colaborador de Ábalos—, o el fortalecimiento de la Oficina de Conflictos de Intereses, cuya tibia actuación en el rescate de Air Europa ha generado fuertes críticas.

Protección al PNV y expedientado por intervenir en la OPA del BBVA al Sabadell

Bruselas no paraba ahí y en apenas 72 horas también abría un procedimiento de infracción por la intervención en la OPA del BBVA sobre el Sabadell. El Gobierno de Sánchez llevó la operación al Consejo de Ministros sin justificación válida, lo que, según la Comisión, vulnera los principios europeos de libre circulación de capitales y libertad de establecimiento. En otras palabras, actuó fuera del marco legal europeo al frenar una operación entre empresas privadas.

La Comisión no se queda en una crítica puntual: también señala que existen dos leyes españolas que otorgan al Ejecutivo poderes excesivos para vetar fusiones o adquisiciones, lo que considera incompatible con el derecho comunitario. Bruselas reclama una reforma profunda de estas normas para garantizar que las decisiones empresariales no queden a merced de intereses políticos. El aviso va acompañado de una carta formal, y España tiene dos meses para responder.

El otro revés vino por la parálisis en la adopción de la ley electoral europea. España es el único país de la UE que no ha aplicado el listón electoral obligatorio del 2% al 5% para las elecciones europeas. Esta medida, diseñada para garantizar representatividad y evitar la fragmentación excesiva, habría dejado fuera del Parlamento Europeo al PNV —socio clave del PSOE— en los últimos comicios. Bruselas acusa al Gobierno de Sánchez de retrasar deliberadamente esta reforma para proteger a sus aliados nacionalistas.

El 'caso Montoro' para salvar a Sánchez

Sin embargo, estas noticias han quedado opacadas por la imputación del exministro de Hacienda con Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro. En plena espiral de corrupción que rodea al actual PSOE, el viejo PP aparece en escena para dar aire a Sánchez y a los suyos, que exprimirán el asunto para intentar cambiar las tornas y volver a ganar el relato. Los socialistas tratan de meter a Feijóo en el ajo, pero cualquier persona con dos dedos de frente entiende que el actual líder del PP nada tiene que ver.

¿Y Sánchez si no sabía nada de lo que hacían Ábalos y Cerdán tampoco? Esa sería la pregunta que se harán los socialistas, pero las diferencias son evidentes: mientras Feijóo era presidente en Galicia y no guardaba ninguna relación con Montoro, Santos Cerdán y Ábalos eran secretarios de organización del PSOE. Esto lo ha explicado también de manera rotunda Ezcurra, desvinculando al actual líder de su partido del caso. A pesar de ello, la maquinaria ya se ha puesto en marcha y el foco ya apunta a Montoro y el PP.