Isabel Pardo de Vera declarará este lunes por la trama liderada por Santos Cerdán

La expresidenta de Adif y Javier Herrero tendrán que declarar ante el juez Ismael Moreno

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’ en el Senado.Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19

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Jorge Martín

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El juez del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional tomará declaración este lunes como investigados a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al exdirector general de Carreteras Javier Herrero por su presunta implicación en la trama de adjudicación de obra pública que estaría encabezada por el exdirigente socialista Santos Cerdán, que se encuentra en prisión.

En el caso de Pardo de Vera, también está imputada por la supuesta contratación "irregular" de Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos. El juez Ismael Moreno decidió citarles por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, prevaricación y cohecho, después de que el magistrado del Tribunal Supremo que investiga el 'caso Koldo' pusiese en sus manos la decisión de imputarles al apreciar indicios en su contra.

Fueron esos indicios los que llevaron a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a registrar el pasado 26 de junio las casas de Pardo de Vera y de Herrero por orden de la AN. En la de la expresidenta de Adif los agentes localizaron un documento sobre el suministro de 5 millones de mascarillas, intervinieron siete evidencias digitales y se hicieron con más archivos.

Los investigadores detallaron en un informe que el exasesor de Ábalos, Koldo García, "se valía presuntamente" de Pardo de Vera y Herrero para la "manipulación" de procesos de contratación.

Temor en Moncloa

En una conversación grabada por Koldo García el 18 de noviembre de 2020, el exasesor pedía con insistencia a la entonces presidenta del ente público ferroviario una adjudicación para "LIC, en un primer momento tratando que fuese de mantenimiento, y ante la negativa de Pardo de Vera, proponiendo que fuera de emergencia".

A lo que Pardo de Vera le recordó que le acababan de conceder una poco tiempo atrás y darle otra iba a resultar sospechoso, aunque "se comprometió", según los agentes de la UCO, "a sopesar las opciones para poder adjudicarle alguna obra a la constructora". "Le hemos dado una de 700.000, hace nada, eh. Hace nada, es que otra vez va a cantar, déjame mirarlo", contestó Pardo de Vera a Koldo.

Finalmente, "apenas un mes después de la conversación", Adif propuso directamente a LIC como adjudicataria de una obra de emergencia en Asturias por importe de 592.053 euros, expuso la UCO.

Los investigadores añadieron que meses antes, el 28 de enero de 2019, Koldo envió a Pardo de Vera una imagen con los resultados de las ofertas presentadas a una licitación para el proyecto de construcción de la línea de alta velocidad en Extremadura, "previamente remitida" al asesor por un directivo de Acciona.

Según relataban, en la imagen aparece subrayada en amarillo fluorescente la línea del resultado de una UTE, mientras que la oferta de Acciona se ve pero "en un color mucho más tenue". Horas más tarde, añaden, Koldo García escribió a la presidenta de Adif para que mirase la foto, "mostrando su descontento" por la empresa que obtuvo la mayor puntuación: "Nos ha jodido un poco".

También aparecía en el informe una obra de integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat por 71,5 millones de euros, que se adjudicó a Acciona y sobre la que también constan conversaciones entre Pardo de Vera y Koldo García.

Herrero, en el punto de mira

El magistrado, que se hizo eco de las averiguaciones de la UCO, recogía una conversación de WhatsApp entre Herrero y Koldo de abril de 2019 en la que el primero le dice al segundo: "Bingo!!! En Logroño". Los agentes lo vinculan a una adjudicación a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Acciona y Aquaterra por 92,4 millones de euros.

Aludía también al "proyecto de construcción de tirantes del Puente del Centenario (Sevilla)" para destacar "el interés mostrado por Koldo, y especialmente por Cerdán, para que se cerrase la tramitación de dicho expediente", que se acabó adjudicando a Acciona por 71,4 millones de euros.

El instructor se refería igualmente a la presunta incidencia de Koldo en Herrero para "favorecer a la constructora OPR" con "la presunta adjudicación fraudulenta" del proyecto de adaptación parcial de la segunda calzada de la Autovía A-63 en el tramo Salas-La Espina (Asturias); y para la aprobación de un modificado relativo a las obras en la autovía A-32 (Linares-Albacete) y en la carretera N-322 (Córdoba-Valencia) en su tramo Úbeda-Torreperogil.

Para el juez de la AN, "de las conversaciones telefónicas grabadas por Koldo se puede deducir una notoria discrecionalidad a la hora de adjudicar contratos de obra pública, de las que se desprende la participación en los hechos investigados de Herrero".

Pardo de Vera y Herrero habrían ayudado, según el instructor del Supremo, a que "las adjudicaciones proyectadas pudieran llegar a buen término, facilitando de manera inmediata la información conveniente que obraba en los diferentes expedientes o la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que el ministro, a través de su asesor, les impartía".

Jésica, la ex de Ábalos

Respecto a la contratación de la expareja de Ábalos, el juez ha imputado a Pardo de Vera al sospechar que fue "irregular" la entrada de Jésica Rodríguez en nómina en dos empresas públicas, apuntando a posibles delitos de malversación y tráfico de influencias.

La expareja de Ábalos tuvo dos contratos, primero en Ineco y después en Tragsatec, para trabajos de administrativa en los que quedó adscrita a la presidencia de Adif. Pardo de Vera era entonces presidenta de Adif y "habría tenido una decisiva participación en la contratación aparentemente irregular de Rodríguez", a instancia de Ábalos y de su exasesor en el Ministerio, según el instructor.

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El juez apreció "indicios bastantes" para llamar a Pardo de Vera a declarar e hizo hincapié en que la exnovia de Ábalos, durante el periodo en que estuvo contratada, no desplegó --según declaró como testigo en el Supremo-- "actividad laboral alguna", aunque sí cobró "los salarios correspondientes durante dos años y medio aproximadamente".