El PP se prepara para la batalla postverano: renovación del Constitucional y veto a Conde-Pumpido

La política española regresará del parón estival con un frente institucional de primer orden: la renovación parcial del Tribunal Constitucional. En diciembre concluye el mandato de cuatro magistrados, incluido su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y en el Partido Popular ven la oportunidad de corregir lo que consideran un sesgo político constante del órgano de garantías en favor del Gobierno sanchista.

El Senado será clave en este pulso. La Cámara Alta debe designar a dos de los cuatro magistrados salientes y el PP, con mayoría absoluta, tiene capacidad para bloquear o condicionar el proceso. No obstante, la ley exige una mayoría cualificada de tres quintos, lo que obliga a los populares a buscar apoyos entre otros grupos para poder llevar adelante sus candidatos.

Brazo judicial de Moncloa

La figura de Conde-Pumpido se ha convertido en el principal símbolo de la batalla. Desde Génova le acusan de actuar como “brazo judicial” de Moncloa, recordando fallos recientes que han beneficiado los planes del Ejecutivo, como la validación de la ley de amnistía o el tratamiento de causas judiciales de alto perfil político. “El Constitucional no puede estar al servicio de un Gobierno, sino de la Constitución”, sostienen fuentes populares.

En este contexto, el PP sopesa dos estrategias: la primera, pactar con el PSOE una renovación equilibrada que permita sacar a Conde-Pumpido de la presidencia y abrir paso a un perfil más neutral; la segunda, optar por el bloqueo para mantener la presión y forzar un acuerdo en condiciones más favorables más adelante. Ambas fórmulas implican un pulso político que podría prolongarse durante meses.

El bloque progresista, por su parte, resta importancia a la renovación, señalando que un cambio 2-2 no alteraría sustancialmente la actual mayoría en el tribunal, de siete magistrados afines frente a cinco conservadores. Sin embargo, para el PP, la cuestión no es solo aritmética: un cambio en la presidencia supondría, dicen, un giro en la orientación de las deliberaciones y en la garantía de imparcialidad.

"Colonización institucional"

Entre las condiciones que podrían poner sobre la mesa los populares figura la de endurecer el perfil de elegibilidad de los magistrados, evitando designaciones de personas con una vinculación política directa en los últimos años. Sería una forma de blindar al TC frente a lo que denuncian como “colonización institucional” del PSOE y sus socios.

Los próximos meses serán decisivos. La renovación del Constitucional no solo afectará a la composición del tribunal, sino también a su capacidad de influir en el calendario político y legislativo. Con elecciones autonómicas y generales en el horizonte, ambas partes son conscientes de que cualquier cambio en el TC puede ser determinante en cuestiones tan sensibles como la aplicación de la amnistía o la validación de leyes controvertidas.

Así, el otoño arranca con un nuevo pulso entre Moncloa y Génova, esta vez con el control del Constitucional como premio. Para el PP, la misión es clara: frenar la deriva partidista del tribunal y apartar a Conde-Pumpido. El desenlace dependerá de la habilidad de cada bloque para tejer alianzas en un Senado que se convertirá, una vez más, en epicentro de la política nacional.