Los socios de Sánchez marcaron una línea roja y ahora callan con la caja B socialista

La credibilidad de los partidos que sostienen al Gobierno de Pedro Sánchez está en entredicho. Durante meses, formaciones como PNV, EH Bildu, Sumar, Podemos, Coalición Canaria, Esquerra Republicana y BNG proclamaron que cualquier indicio de financiación irregular del PSOE constituiría una “línea roja” imposible de ignorar. Hoy, con la Audiencia Nacional investigando indicios de financiación ilegal en Ferraz, su silencio y el mantenimiento del apoyo parlamentario les convierte, por acción u omisión, en cómplices de una promesa incumplida.

El contraste entre lo anunciado y lo practicado resulta flagrante. Los socios aseguraron públicamente que no tolerarían irregularidades y advirtieron de consecuencias políticas, pero no han actuado ante la evidencia judicial que apunta directamente a aquello que ellos mismos habían definido como inaceptable. Esta desconexión abre la puerta a cuestionar su compromiso con la ética política y su papel en la continuidad del poder socialista pese a la investigación.

PNV

Los nacionalistas vascos exigieron medidas de regeneración y no descartó una cuestión de confianza si no se abordaba la crisis de forma contundente. Sin embargo, los jeltzales no han impulsado ninguna acción que ponga en riesgo la estabilidad del Ejecutivo, a pesar de los indicios de irregularidades detectados por la UCO. La diferencia entre palabra y acción deja expuesto al partido vasco a críticas por doble moral.

EH Bildu

Arnaldo Otegi reclamó cambios sustanciales y advirtió que no bastaba con denunciar a otros partidos. A pesar de la posible apertura de investigación penal, Bildu no ha dado un paso al frente. Su silencio convierte la advertencia inicial en mero ruido de fondo y cuestiona su coherencia política.

Sumar

Sumar señaló que la financiación irregular sería el umbral que no tolerarían. Sin embargo, en la comparecencia del presidente ante el Senado, la coalición admitió que Sánchez “salió vivo” y no planteó medidas de ruptura. Así, mientras aseguraban vigilancia, dieron oxígeno al partido investigado. Cabe recordar que Yolanda Diaz aseguró que “las líneas rojas que marca nuestra formación para continuar en el Gobierno de coalición… se rebasarían si la investigación judicial concluyera que ha habido una financiación ilegal en el PSOE”.

Podemos

Podemos acusó al PSOE de mentir sobre informes de la UCO y afirmó que la financiación irregular no podía ignorarse. Sin embargo, la coalición morada continuó votando junto al Gobierno, sin exigir retirada de apoyo cuando los hechos apuntaban directamente a lo que habían denunciado.

Coalición Canaria

CC se alineó con la línea roja contra la financiación ilegal. Sin embargo, ante la escalada judicial, no hay señales de que hayan planteado su salida del pacto ni exigido responsabilidades inmediatas.

ERC

Gabriel Rufián aseguró que, ante una crisis de este calibre, había que plantear ruptura si no se cumplía la ética. A día de hoy, esa opción no se ha activado, dejando sus advertencias vacías de efecto. El propio Rufián apuntó que «quizás estemos ante la Gürtel del PSOE… la línea roja sería que encontremos un papel que ponga P. Sánchez»

BNG

El BNG evitó participar en los contactos de Sánchez y calificó la iniciativa de intento de blanqueo. Pero pese a esa gestualidad en la distancia, no ha promovido medidas concretas que puedan alterar la mayoría parlamentaria.

Si el pacto de legislatura se sostiene sobre la promesa de que la financiación ilícita es un umbral infranqueable, el silencio actual de los socios supone una traición a esa declaración. Mantener al PSOE mientras se investigan pagos en metálico y presunta caja B convierte en retóricas las advertencias públicas. Sus líneas rojas se han desdibujado y su apoyo pasivo convierte a los aliados en actores del mismo problema que aseguraban combatir.