Patricia Ramírez pide embargar bienes de Ana Julia Quezada en República Dominicana
En cinco años, la asesina de Gabriel Cruz solo ha pagado 467 €, pese a la sentencia firme desde 2020. Ya se le embarga el sueldo de 200 €/mes en la cárcel de Brieva, pero la madre del niño busca ahora su patrimonio oculto en el país natal de Quezada.
Ana Julia Quezada, asesina del pequeño Gabriel Cruz
Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el niño de ocho años asesinado en febrero de 2018 en Las Hortichuelas (Níjar, Almería), ha dado un nuevo paso para que Ana Julia Quezada, autora confesa y condenada a prisión permanente revisable, haga efectiva la indemnización de 500.000 euros que le impuso la justicia.
A través de su abogada, Verónica Guerrero, Patricia ha presentado un escrito ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería solicitando que se libre exhorto o rogatoria internacional a República Dominicana para localizar y, en su caso, embargar todos los bienes que la asesina pueda tener en su país natal.
Los indicios apuntan a que Quezada es titular de al menos una vivienda en Concepción de la Vega (comprada en 2011 por unos 45.000 euros y pagada por una pareja anterior, un hostelero viudo de Burgos), varias fincas rústicas y posiblemente otros activos. El escrito pide expresamente que las autoridades dominicanas investiguen inmuebles, cuentas bancarias, depósitos, fondos de inversión, vehículos, embarcaciones o incluso aeronaves que figuren a nombre de Ana Julia Quezada Cruz.
Se da la circunstancia de que, desde que la sentencia quedó firme en febrero de 2020, la condenada solo ha ingresado 467 euros de los más de 700.000 euros totales de responsabilidad civil (250.000 euros por daños morales a cada progenitor más 200.203 euros de gastos de búsqueda al Estado). Esa mínima cantidad ha sido la gota que ha colmado la paciencia de la familia.
Por ello, el pasado 8 de octubre la Audiencia de Almería ya dictó el embargo de todos los bienes y retribuciones de Quezada en España: su salario carcelario en el centro penitenciario de Brieva (Ávila), unos 200 euros mensuales por sus trabajos internos, y cualquier ingreso o transferencia que reciba. La defensa de la interna ha recurrido esta medida alegando que sus emolumentos no superan el SMI y serían inembargables, y que el resto del peculio procede de familiares.
Ante la evidente insuficiencia de los bienes embargados en España, Patricia Ramírez confía ahora en que la cooperación judicial con República Dominicana permita localizar patrimonio oculto y, por fin, cobrar aunque sea una parte significativa de la indemnización que la justicia reconoció a los padres del “Pescaíto”. Se trata, en definitiva, del enésimo esfuerzo de una madre que lleva casi ocho años luchando para que la asesina de su hijo asuma todas las consecuencias, también las económicas, de su crimen.