Peramato, la sucesora de García Ortiz y feminista convencida, se niega a comentar el caso Salazar

La candidata a Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, compareció este jueves ante la Comisión de Justicia del Congreso para defender su idoneidad para liderar la Fiscalía. Pero su intervención derivó rápidamente hacia un territorio resbaladizo: la presión mediática y política por las denuncias de acoso sexual contra Francisco Salazar ‒ex asesor del Gobierno y militante del PSOE‒.

Ante los periodistas, Peramato declinó pronunciarse explícitamente sobre las acusaciones en curso: “No voy a hacer ningún comentario sobre cosas que puedan estar judicializadas o pendientes de judicialización”.

Sin embargo, quiso dejar claro un principio: su “rechazo más absoluto a cualquier acto atentatorio a la libertad de las mujeres”.

Una fórmula ambivalente: aunque reafirma su compromiso con la lucha contra la violencia de género —un perfil que, de hecho, le ha valido gran parte de su prestigio y respaldo para llegar a la cúspide de la Fiscalía, gracias a su larga trayectoria como fiscal especializada en violencia contra la mujer.

El contexto: un escándalo que sacude al PSOE y al Gobierno

El “caso Salazar” se convirtió en un terremoto interno dentro del PSOE y en un problema de gobernabilidad para el Ejecutivo. Las denuncias —presentadas por dos mujeres que trabajaban para él— apuntan a comportamientos denigrantes y sexualmente explícitos, como comentarios humillantes, gestos ofensivos, piropos obsesivos e incluso simulaciones de actos sexuales.

Eso forzó a Salazar a abandonar su puesto en Moncloa y su papel en la Ejecutiva del partido.

Pero la polémica no desapareció: dirigentes del propio PSOE, como la ministra de Igualdad Ana Redondo, aseguran que las denuncias siguen abiertas y serán investigadas, incluso tras la baja de militancia de Salazar.

Por otro lado, voces críticas —en el partido y fuera de él— denuncian que el procedimiento interno de denuncias ha sido opaco e ineficaz: denuncias que, según los relatos, han “desaparecido” del sistema, sin seguimiento, sin contacto con las víctimas.

Asociaciones como FeMeS advierten que este caso podría ser solo el primer eslabón de un “Me Too” político en los partidos, si no se aseguran canales seguros de denuncia.

Mientras tanto, desde el Gobierno algunos se han limitado a calificar las expresiones atribuidas a Salazar como “vomitivas” —en palabras de la portavoz Pilar Alegría— y aseguraron que aunque no hubo denuncias formales en Moncloa, los protocolos antiacoso se activaron.

La encrucijada de la Fiscalía: neutralidad institucional o compromiso visible

Para Peramato, su ascenso al puesto de fiscal general representa la culminación de más de tres décadas de trayectoria, especialmente marcada por su especialización en violencia de género.

Su perfil genera expectativas: algunos sectores, incluida la dirigente de Podemos Irene Montero, han expresado su deseo de que sea un cambio real hacia lo que describen como “justicia feminista”.

Pero la neutralidad que Peramato exhibió al rehusar pronunciarse sobre un caso concreto siembra dudas. En un contexto donde las denuncias internas desaparecen, donde las mujeres que hablaron aseguran no haber sido contactadas, y donde la presión política es intensa, su silencio podría interpretarse como cautela institucional —o como una forma de dejar al margen a la Fiscalía de un conflicto resbaladizo.

Ese giro deja la pelota en el tejado del PSOE, del Gobierno y del sistema judicial en su conjunto: ¿Habrá valentía para esclarecer el caso Salazar con transparencia e imparcialidad? ¿O primará la discreción para evitar tensiones políticas? La forma en que se gestione este episodio será una prueba de fuego para la nueva Fiscalía.

Qué está en juego: confianza pública, igualdad y rendición de cuentas

La credibilidad de la institución fiscal está en juego. Que la futura máxima responsable de la Fiscalía rehúse opinar sobre denuncias tan graves puede minar la confianza ciudadana en su compromiso con la igualdad.

Las víctimas —y muchas mujeres en el ámbito político e institucional— observan con recelo. Si el sistema interno de denuncias sigue fallando, el mensaje es claro: denunciar no sirve. Eso perpetúa el silencio y el miedo.

El papel de los partidos políticos. Este caso puede marcar un antes y un después en cómo manejan las denuncias de acoso. Si no hay responsabilidades claras, habrá reforzado la impunidad.

La comparecencia de Teresa Peramato deja un sabor agridulce: reafirma un compromiso genérico con la defensa de las mujeres y la violencia de género, pero rehúsa mojarse con un caso que huele a sórdido. Para muchos, ese silencio es insuficiente. Y lo es especialmente ahora que la exigencia pública por transparencia e igualdad no admite medias tintas.