Reuniones secretas, correos y fotos delicadas: Peinado acorrala a Begoña Gómez con más pruebas
La esposa del presidente y su asesora tienen otros motivos para la preocupación por las pesquisas judiciales. Conjunto de indicios que van a complicar la vida de las investigadas y del propio Pedro Sánchez
Un cartel de Begoña Gómez en los Juzgados de Plaza de Castilla.
Mientras la investigación judicial en torno a Begoña Gómez sigue acumulando polémica, el magistrado Juan Carlos Peinado continúa blindando su instrucción con nuevos pasos que complican cada vez más la situación de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y, por extensión, de La Moncloa y su entorno más cercano.
Según información publicada por el portal Vozpópuli, el juez ha ido reuniendo un conjunto de indicios —reuniones, correos y fotografías— que apuntan también a la asesora personal de Gómez, Cristina Álvarez, como pieza central de las pesquisas en un caso que se ha extendido durante meses y que suma ya múltiples frentes, que lógicamente acorralan también a Sánchez.
La causa, que nació investigando supuestos delitos de tráfico de influencias y desviación de fondos públicos, se ha reforzado con documentos aportados por la propia empresa encargada del software vinculado a la cátedra que codirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. Entre esos materiales figuran actas de reuniones en las que Álvarez estuvo presente junto a técnicos, ingenieros y representantes de firmas como Deloitte, así como correos electrónicos que, según la instrucción, podrían demostrar la implicación de la asesora en actividades más allá de sus funciones públicas oficiales.
El contexto es especialmente delicado: la Audiencia Provincial de Madrid avaló en diciembre pasado la imputación de la asesora por presunta malversación, tras estimar que pudo “sobrepasarse en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas” con el fin de favorecer intereses privados vinculados a la actividad profesional de Gómez.
Estas nuevas diligencias encajan en la línea de actuación del juez Peinado, que ha ampliado sus pesquisas en otras direcciones como la solicitud de informes de la Guardia Civil sobre correos electrónicos de Begoña Gómez a lo largo de los últimos siete años y la petición de datos sobre el rescate de Air Europa, vinculando presuntamente decisiones adoptadas desde Moncloa con posibles irregularidades.
La ampliación de la investigación hasta abril de 2026 y la decisión del juez Peinado de mantener bajo lupa tanto a la esposa del presidente como a su asesora reflejan una instrucción que no solo persigue precisar hechos, sino que genera un enorme impacto político y mediático. La acumulación de pruebas, reuniones técnicas y registros documentales configura un mapa de indicios que ahonda en la relación entre la administradora pública y el círculo más íntimo de La Moncloa, y que, en caso de confirmarse en sede judicial, supone un golpe de enorme envergadura para la gestión del Gobierno y la propia figura de Pedro Sánchez en pleno año electoral.