Rebelión policial contra el Gobierno por la regularización de inmigrantes: "pone en riesgo la seguridad"

Los principales sindicatos policiales han cargado con dureza contra la regularización extraordinaria de inmigrantes pactada por el PSOE y Podemos, una medida que califican de “irresponsable, improvisada y motivada por cálculo político", y que advierten pone en serio riesgo la seguridad ciudadana y colapsa unos servicios ya desbordados.

Policía desbordada

Los sindicatos de la Policía Nacional han dicho basta. SUP, Jupol y CEP han rechazado frontalmente la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno, una iniciativa que podría beneficiar a cerca de medio millón de personas y que, según denuncian, se llevará a cabo sin refuerzos, sin planificación y sin garantías de seguridad.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) aseguran que la medida responde únicamente a intereses políticos y que traslada "toda la carga" a una Policía ya saturada. “Es una regularización masiva sin medios que agrava la presión en fronteras y servicios de Extranjería”, advierten, alertando además del efecto llamada inmediato que generan este tipo de anuncios.

Los sindicatos también cuestionan los criterios de control. Que uno de los requisitos sea no tener antecedentes penales firmes no ofrece, según Jupol, garantías reales. “Una persona detenida recientemente por delitos graves puede no tener aún antecedentes por los plazos judiciales”, recuerdan, subrayando el riesgo operativo que supone esta situación.

El colapso en las oficinas de Extranjería es otro de los grandes temores. La tramitación masiva de expedientes, la verificación de identidades y la comprobación de requisitos legales recaerán sobre unidades que ya funcionan al límite. "Esto no es integración, es improvisación", lamentan fuentes policiales.

Pero la crítica más dura apunta a un viejo enemigo conocido: las mafias. Todos los sindicatos coinciden en que la regularización supone un balón de oxígeno para las redes dedicadas al tráfico y la trata de seres humanos, que utilizarán el mensaje político como reclamo para nuevas rutas ilegales hacia España.

Desde la Confederación Española de Policía (CEP) denuncian además que el Gobierno rompe dos décadas de consenso en materia migratoria y sitúa a España en dirección contraria a la estrategia europea, basada en el control de flujos, la firmeza frente a las mafias y la previsibilidad del sistema.

Para los sindicatos, el mensaje es claro y alarmante: la seguridad no puede ser moneda de cambio política. Y esta vez, la Policía lo dice alto y claro.