La Policía estalla contra Sánchez y Marlaska y arruinan la fiesta en Moncloa: “Situación crítica”

En cuestión de días, la decisión del Gobierno —acordada con Podemos— de aprobar una regularización extraordinaria de hasta medio millón de inmigrantes ha encendido un nuevo foco de tensión política y social que hasta ahora había permanecido en un plano más técnico. El anuncio, que será tramitado por real decreto sin pasar por el Congreso, no ha generado solo debates en despachos parlamentarios, sino una reacción visceral en el seno de la Policía Nacional. Representantes sindicales de los agentes han estallado contra la medida y han colocado en el centro del debate la idea de un “efecto llamada” que, creen, podría tener consecuencias profundas y peligrosas para la gestión de la inmigración en España.

Los sindicatos policiales —entre ellos Jupol, mayoritario en el Cuerpo pero a los que se ha unido ya el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP)— han criticado sin ambages la decisión del Ejecutivo. Su argumento no se limita a cuestiones de cargas de trabajo o procedimientos administrativos; va más allá y entra de lleno en la seguridad pública y en el futuro del control fronterizo. Para estos agentes, la regularización extraordinaria, tal como está planteada, supone mandar una señal peligrosa: que entrar de manera irregular en España puede acabar teniendo premio. Es una situación crítica.

El principal motivo de alarma, según sus portavoces, es que la medida —que permitirá a quienes acrediten al menos cinco meses de residencia en España hasta finales de 2025 optar a la autorización de residencia y trabajo— deja sin responder preguntas clave sobre cómo se garantizará la seguridad o quién asumirá el control efectivo de las fronteras y las competencias migratorias. En su opinión, la Policía ya se encuentra saturado y no cuenta con recursos adicionales que permitan absorber el incremento de trámites y controles que derivará de una regularización de esta envergadura.

Más allá del volumen de trabajo, hay otro punto que los sindicatos subrayan: el criterio oficial de que los beneficiarios de la regularización deben carecer de antecedentes penales. Para ellos, esa condición no garantiza que quienes accedan a la regularización no hayan estado vinculados con actividades delictivas o investigaciones policiales, porque el término “antecedentes penales” no refleja necesariamente situaciones en las que sí hay investigaciones abiertas o hechos identificados que afectan a la seguridad. Esta apreciación ha llevado a los agentes consideren la medida como una “absoluta irresponsabilidad”.

El argumento del “efecto llamada” ha ido ganando terreno contra Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska. Los policías advierten, y le arruinan la fiesta a Moncloa tras acercar a Podemos al Ejecutivo, que poner en marcha un proceso de regularización de forma masiva puede ser utilizado por las mafias del tráfico de personas como un “argumento comercial” para convencer a migrantes de que emprendan viajes peligrosos, lucrando con su desesperación y poniendo en riesgo sus vidas.

El choque de posiciones es directo: mientras el Gobierno sostiene que la medida ofrece una salida legal y digna a miles de personas que llevan años viviendo en España sin papeles, los policías la ven como un experimento de consecuencias imprevisibles, aplicado sobre unas unidades con plantillas ya tensionadas y sin un claro plan de refuerzo. La advertencia no es solo funcional, dicen, sino política: han recordado que no han participado en el diseño de esta política migratoria y que será la propia Policía quien tenga que asumir sus efectos.

Este enfrentamiento llega en un contexto más amplio de debate migratorio en España. Partidos de oposición, como Vox, han anunciado recursos ante el Tribunal Supremo contra el real decreto y han recurrido también al argumento del “efecto llamada”, denunciando que esta regularización puede terminar saturando los servicios públicos o erosionando la identidad nacional.