Marlaska al borde del abismo: el PP lanza una ofensiva directa tras el escándalo del DAO

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha activado una ofensiva parlamentaria para exigir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, por una presunta agresión sexual a una subordinada. El PP quiere saber por qué el Gobierno mantuvo al mando policial en su puesto durante semanas pese a la denuncia y si se intentó presionar a la víctima desde la propia estructura del Ministerio.

El PP exige que Marlaska dé la cara en el Congreso

El caso que ha sacudido la cúpula policial ha llegado de lleno al Congreso. El Grupo Parlamentario Popular ha registrado este martes una batería de iniciativas para exigir responsabilidades políticas y forzar explicaciones públicas tras la dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Policía, investigado por una presunta agresión sexual a una subordinada.

La ofensiva parlamentaria del PP tiene un objetivo claro: pedir el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y esclarecer por qué el Gobierno mantuvo al alto mando policial en su puesto pese a que, según los populares, existía una denuncia desde hacía al menos un mes.

En concreto, el GPP ha solicitado la comparecencia del ministro en la comisión de Interior, una petición registrada después de que la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, reclamara su dimisión durante la sesión de control al Ejecutivo. Los populares sostienen que la continuidad del exDAO en su puesto durante semanas revela una “falta de control” política y administrativa dentro del ministerio.

Además de Marlaska, el PP ha solicitado las comparecencias del director general de la Policía Nacional y de la subdirectora de Recursos Humanos y Formación del cuerpo. Esta última, según subrayan los populares, habría sido la responsable de tramitar la baja de la presunta víctima el pasado mes de julio, por lo que el GPP quiere conocer qué comunicaciones realizó —o no realizó— con sus superiores jerárquicos y si activó los mecanismos previstos en los protocolos internos para proteger a la mujer que denunció la agresión.

El foco, en el presunto encubrimiento y las presiones a la víctima

Paralelamente, el Grupo Popular ha registrado una proposición no de ley (PNL) que pretende llevar tanto al pleno como a la comisión de Interior. En ese texto, el PP insta al Gobierno a cesar a Grande-Marlaska por su “actuación y falta de control ante delitos de agresión sexual, coacciones y malversación de fondos públicos”. La iniciativa incluye también la petición de suspensión cautelar de todos los mandos afectados, con el argumento de evitar que puedan influir en la investigación o en la situación profesional de la presunta víctima.

En su argumentación, el PP sostiene que, dentro de la gravedad del caso, hay un elemento “especialmente sangrante”: el supuesto intento de varios mandos policiales de presionar a la víctima y encubrir lo ocurrido dentro de la propia estructura del Ministerio del Interior. Esa hipótesis, que los populares quieren que se aclare de manera oficial, se ha convertido en uno de los ejes centrales de su ofensiva parlamentaria.

Para arrojar luz sobre lo ocurrido, el GPP ha registrado dos baterías de preguntas dirigidas al Ejecutivo. Entre otras cuestiones, los populares preguntan desde qué fecha concreta tuvo conocimiento Interior de los hechos presuntamente delictivos, quién dentro de la cadena de mando estaba informado y qué medidas se adoptaron —si se adoptó alguna— para proteger a la víctima y activar los protocolos.

En esas preguntas, el PP también se interesa por la posible revisión de medallas y condecoraciones otorgadas a mandos vinculados al caso. En concreto, se solicita información sobre el comisario Óscar San Juan, que presuntamente habría intentado coaccionar a la víctima, y sobre el propio exDAO. Los populares plantean además si se utilizaron medios públicos con fines presuntamente delictivos, una cuestión que, de confirmarse, ampliaría el alcance político y penal del caso.

“Ante la gravedad de los hechos, el tiempo transcurrido, el presunto encubrimiento y la utilización de los medios del Estado, ¿piensa el ministro del Interior asumir alguna responsabilidad política?”, señala el GPP en una de las quince preguntas dirigidas al Gobierno.

La ofensiva del PP no se limita a Interior. El grupo parlamentario también exige explicaciones al Ministerio de Igualdad sobre sus competencias en materia de “supervisión, evaluación o seguimiento” de los protocolos frente al acoso sexual en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este sentido, los populares preguntan si existen canales de comunicación institucional para garantizar que las víctimas en cuerpos jerarquizados reciban atención integral especializada, y si Igualdad ha ofrecido asistencia o acompañamiento a la presunta víctima a través de sus recursos.

En total, el PP ha registrado tres comparecencias, 35 preguntas parlamentarias y una proposición no de ley con las que pretende aclarar los puntos que considera aún oscuros del caso, depurar responsabilidades y reforzar los mecanismos de protección para futuras víctimas dentro de las fuerzas de seguridad