sentencia firme
La justicia tropieza con sus propios cables: 20.000 euros por una caída que pudo evitarse
La funcionaria sufrió una triple fractura tras tropezar con cables sueltos en su mesa en un juzgado de Mérida
Imagen de la Justicia
Una caída en plena jornada laboral ha terminado con condena a la Administración. La Audiencia Nacional ha reconocido una indemnización de 20.000 euros a una funcionaria interina del cuerpo de auxilio judicial que resultó gravemente herida al engancharse con varios cables sueltos bajo su mesa de trabajo.
El accidente se produjo el 2 de marzo de 2022, cuando la trabajadora, de 31 años y de guardia ese día, desempeñaba sus funciones en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 del Palacio de Justicia de Mérida. Según consta en la resolución, uno de los cables situados en el suelo quedó atrapado en la rueda de su silla. Al intentar retirarse hacia atrás para levantarse, su pie se enredó entre los conductores y cayó al suelo.
Fue atendida por los servicios de emergencia y trasladada primero al Hospital de Mérida y después al Hospital de Cáceres, donde se le diagnosticó una fractura proximal de húmero en tres fragmentos.
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Un proceso de recuperación prolongado
La lesión obligó a un largo periodo de curación que se extendió durante 247 días. De ellos, 136 fueron considerados de perjuicio personal particular por pérdida temporal de calidad de vida en grado moderado y 111 como perjuicio personal básico.
Aunque recibió el alta laboral en julio, el alta médica no llegó hasta noviembre de ese mismo año. Durante ese tiempo compaginó su rehabilitación con la reincorporación al trabajo.
En un primer momento, la afectada reclamó por vía administrativa una indemnización de más de 31.000 euros, petición que fue rechazada. Tras acudir a los tribunales, la Audiencia Nacional ha estimado parcialmente su recurso y ha declarado la existencia de un funcionamiento anormal del servicio público por el mantenimiento inadecuado del puesto de trabajo.
La sentencia subraya que la Administración tiene el deber de garantizar condiciones seguras para su personal y atribuye la causa del accidente al incumplimiento de esa obligación, a través de la empresa encargada del mantenimiento. Finalmente, fija la compensación en 20.000 euros por los daños sufridos.