medida anticrisis
Junts se rinde una vez más ante Sánchez: salva su decreto energético
El partido de Puigdemont ofrece al Gobierno los votos que necesita en el Congreso, pero le obliga a asumir una medida que Bruselas lleva tiempo exigiendo y por cuyo retraso ya ha denunciado a España.
Pedro Sánchez ha encontrado un salvavidas inesperado para sacar adelante uno de los decretos más delicados de su agenda económica. Cuando el Gobierno necesitaba oxígeno parlamentario para aprobar su paquete de rebajas fiscales en energía y carburantes, Junts ha movido ficha y ha abierto la puerta a respaldarlo. Pero no gratis: los de Carles Puigdemont exigen a cambio que el Ejecutivo impulse de una vez el llamado IVA cero para los trabajadores autónomos que cobren menos de 85.000€.
La condición no es menor. Se trata de una medida que, además, no nace de una ocurrencia de última hora, sino de una directiva europea que España debía haber adaptado ya a su normativa. El retraso del Gobierno en hacerlo ha tenido consecuencias: Bruselas ha acabado denunciando a España por no haber aplicado en plazo esa obligación comunitaria.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha confirmado el giro estratégico de su formación. Los independentistas catalanes están dispuestos a facilitar la aprobación del paquete anticrisis siempre que Moncloa mueva pieza y acometa la reforma fiscal que permitiría aliviar la presión tributaria sobre miles de autónomos.
De este modo, el decreto que incluye rebajas del IVA en la luz, el gas y los carburantes podría superar el trámite parlamentario sin sobresaltos. Se trata de un balón de oxígeno político para un Gobierno que volvía a enfrentarse a la fragilidad de su aritmética en el Congreso y que, una vez más, depende de sus socios a la carta para sostener medidas de fuerte impacto económico.
Junts vuelve a tener la llave
La operación confirma algo que en la legislatura ya se ha convertido en rutina: Junts tiene la llave de decisiones fundamentales. En un Congreso atomizado, sin mayorías estables y con los apoyos del Ejecutivo sometidos a negociación permanente, cada votación relevante se convierte en un pulso. Y en ese tablero, el partido de Puigdemont vuelve a erigirse en árbitro.
La Moncloa necesitaba encontrar una vía alternativa después de perder el respaldo o, al menos, la plena fiabilidad de algunos de sus socios habituales. La otra opción pasaba por una abstención del Partido Popular, un escenario políticamente improbable y, sobre todo, nada seguro. En ese vacío aparece Junts, dispuesto a facilitar la aprobación del decreto, pero elevando el precio político.
No se trata solo de una cesión puntual. La exigencia del IVA cero para autónomos que cobren menos de 85.000€ mete al Gobierno en un terreno incómodo, porque obliga a Sánchez a elegir entre asumir un coste presupuestario evidente o aparecer, de nuevo, como un Ejecutivo que llega tarde a las obligaciones marcadas por la Unión Europea.
Un decreto marcado por la crisis energética
El paquete fiscal que el Gobierno quiere salvar forma parte de las medidas diseñadas para contener el golpe de la crisis energética. La escalada de precios en los mercados internacionales, agravada por la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio, ha reactivado la necesidad de amortiguar el impacto sobre familias, transportistas y empresas.
Entre las medidas incluidas figuran las rebajas del IVA en la electricidad, el gas y los carburantes. Son herramientas ya utilizadas por el Ejecutivo en anteriores momentos de tensión, con el objetivo de enfriar la factura energética y contener, al menos parcialmente, el deterioro del poder adquisitivo.
Sin embargo, la continuidad de estas rebajas dependía de una votación parlamentaria que no estaba ni mucho menos garantizada. Ahí es donde la maniobra de Junts cobra especial relevancia: no solo permite al Gobierno ganar tiempo, sino que le obliga a abrir un nuevo debate fiscal sobre el tratamiento de los autónomos.
El IVA cero que Sánchez no ha querido activar
La demanda de Junts coloca sobre la mesa un asunto espinoso. La posibilidad de establecer un régimen de IVA cero o de alivio fiscal para determinados autónomos llevaba tiempo sobrevolando el debate económico, pero el Ejecutivo no lo había activado. Ahora, además, el foco se dirige a Bruselas, que ya ha señalado a España por no haber adaptado la legislación nacional a la directiva europea correspondiente.
La situación deja a Sánchez en una posición delicada. Si acepta la exigencia, podrá vender el acuerdo como una respuesta social para proteger tanto a consumidores como a trabajadores por cuenta propia. Pero también asumirá el desgaste de reconocer implícitamente que el Gobierno ha ido con retraso en una obligación que venía marcada desde Europa.
Si, por el contrario, intenta esquivar la condición impuesta por Junts, pondrá en riesgo la aprobación del decreto y volverá a exhibir la extrema debilidad parlamentaria que marca esta legislatura. Una legislatura en la que cada iniciativa sale adelante tras una subasta política en la que los socios aprovechan hasta la última necesidad de Moncloa.
Más alivio fiscal, menos margen presupuestario
La incorporación del IVA cero para autónomos tendría un efecto político inmediato y un indudable gancho social. No en vano, el colectivo lleva tiempo reclamando medidas que compensen la presión fiscal, los costes disparados y la pérdida de margen en muchos sectores.
Pero el debate no es solo político. También es presupuestario. Extender nuevas rebajas fiscales, en paralelo a las ya previstas para energía y carburantes, supondría una merma relevante en la recaudación. Y eso complica el equilibrio de unas cuentas públicas que ya viven bajo presión por el gasto estructural y los compromisos de déficit.