Pulso judicial
El Gobierno señalado en Europa tras la denuncia de JUCIL por vulnerar derechos básicos en la Guardia Civil
El órgano del Consejo de Europa admite la reclamación y da de plazo al Ejecutivo hasta el 26 de mayo para responder a la denuncia
Agente de la Guardia Civil junto a un vehículo del instituto armado
La asociación profesional JUCIL ha situado al Gobierno de España en el foco europeo tras lograr que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) admita a trámite su reclamación por la vulneración del derecho de sindicación de los guardias civiles.
La decisión, adoptada el pasado 16 de marzo, abre un proceso en el que el Ejecutivo deberá presentar sus alegaciones antes del próximo 26 de mayo. El CEDS, órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Carta Social Europea, analizará ahora si la normativa española se ajusta a los estándares europeos en materia de derechos colectivos.
Un modelo en cuestión
La denuncia de JUCIL pone en tela de juicio el actual régimen jurídico de la Guardia Civil, especialmente en lo relativo al derecho de sindicación, la negociación colectiva y el derecho de huelga. Según la asociación, las limitaciones vigentes sitúan a los agentes en una posición de desigualdad respecto a otros cuerpos policiales.
La admisión a trámite implica que el organismo europeo considera que la reclamación cumple los requisitos formales necesarios, dando paso al estudio del fondo del asunto. El resultado podría tener un impacto significativo en el modelo español, tradicionalmente condicionado por la naturaleza militar del instituto armado.
Precedentes europeos
El caso no se produce en un vacío jurídico. En los últimos años, el Consejo de Europa ha avalado la ampliación de derechos colectivos en cuerpos similares. Destaca la resolución de 2024 en el caso Euromil contra Portugal, así como el fallo de 2014 a favor de EuroCOP frente a Irlanda, donde se consideraron desproporcionadas ciertas limitaciones a la acción colectiva de los agentes.
Reclamación sin precedentes
Desde JUCIL subrayan que esta reclamación no tiene precedentes en España y representa un hito en la defensa de los derechos fundamentales de los guardias civiles. Su secretario general, Ángel Lezcano, ha destacado que el proceso abierto en Europa “marca un antes y un después” en la lucha por equiparar las condiciones laborales del colectivo con los estándares europeos.
La resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, prevista en los próximos meses, podría abrir la puerta a reformas legislativas y a un replanteamiento del equilibrio entre la disciplina militar y los derechos sociales dentro de la Guardia Civil.