Vox pone el foco en Sánchez y su pacto con los herederos de ETA: intentan ilegalizar a Bildu en el Senado

"La trayectoria de EH Bildu no puede ser disociada de la trayectoria criminal de la banda terrorista ETA, como se puede apreciar en el hecho de no condenarla. Tanto es así que la línea de EH Bildu considera las actividades criminales de ETA como parte de una lucha que es objeto de justificación”. Así lo expone Vox.

De ahí que la formación liderada por Santiago Abascal vuelva a intentar esta semana en el Pleno del Senado la ilegalización de la formación vasca EH Bildu. En la sede nacional de la madrileña calle Bambú consideran que su actividad "vulnera los principios democráticos, derechos humanos y apoya el terrorismo de forma grave y reiterada", sometiendo este asunto a votación.

Se trata de una moción -iniciativa no vinculante-, que reclama además impulsar reformas legales para garantizar el cumplimiento íntegro de las penas por delitos de terrorismo, reforzar la prohibición de actos de enaltecimiento de ETA e investigar los crímenes de la organización aún pendientes de resolver.

En este sentido, la formación de Abascal añade que la Ley Orgánica de Partidos Políticos permite promover "la ilegalización de formaciones que apoyen o justifiquen la violencia terrorista" y subraya que tanto el Senado como el Congreso de los Diputados están legitimados para instar este procedimiento ante el Tribunal Supremo.

En este contexto, Vox insta también al Gobierno a promover cambios normativos para impedir la "flexibilización" del régimen penitenciario de los condenados por terrorismo, incluida la modificación del artículo 100 del Reglamento Penitenciario.

Por otro lado, la iniciativa manifiesta el apoyo a las medidas adoptadas por las administraciones públicas para "preservar la memoria de las víctimas del terrorismo y reparar los daños sufridos por sus familiares y por las víctimas supervivientes".

El vínculo de EH Bildu con ETA: candidatos electorales

Para Vox "no existe una diferenciación notable entre algunas estructuras que constituían el brazo político de ETA, como demuestra su actual secretario general, Arnaldo Otegui". Remarcan que “ha sido condenado por la Justicia por pertenencia al grupo terrorista ETA y por enaltecimiento del terrorismo y desempeñó cargos de responsabilidad en Batasuna”.

En la exposición de motivos, la formación de Abascal sostiene que EH Bildu "no puede disociarse de la trayectoria de ETA" y recalca la inclusión en candidaturas electorales de personas condenadas por delitos relacionados con la banda terrorista, mencionando al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, condenado por pertenencia a ETA y por "enaltecimiento" del terrorismo.

Este nexo entre EH Bildu y la violencia terrorista que durante décadas azotó España se hizo todavía más evidente en las elecciones municipales de mayo de 2023, según Vox: “La formación incluyó en sus candidaturas a 44 personas condenadas por delitos relacionados con la citada banda terrorista, de las cuales 37 lo habían sido por pertenencia o colaboración y 7 por delitos de sangre”.

Asimismo, Vox argumenta que el respaldo parlamentario de EH Bildu al Gobierno ha supuesto "concesiones políticas" que, a su juicio, "afectan a la unidad nacional y a los derechos de las víctimas del terrorismo".

A todo ello cabe sumar, puntualizan desde el entorno de Santiago Abascal "la sumisión total del Gobierno ante las reivindicaciones del partido proetarra entre las que se incluyen el apoyo a la política de progresiones de grado y excarcelaciones de presos de ETA". “Un recentísimo ejemplo es el del asesino Garikoitz Aspiazu Rubina, 'Txeroki', quien fuera uno de los máximos responsables de la organización terrorista ETA, y que ha abandonado la prisión de Martutene tras concedérsele un régimen de semilibertad”, recuerdan.

Por todo ello, Vox reclama la aplicación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos para disolver una formación que no sólo tiene como principio fundador la disolución de España, sino que también constituye “la expresión política de un proyecto criminal que coincide en sus fines esenciales con los proclamados durante décadas por la organización terrorista ETA”.

Vulneración de principios democráticos

1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, insta al Gobierno a solicitar la ilegalización de EH Bildu, al entender que su actividad ha vulnerado los principios democráticos al haber incurrido de forma grave y reiterada en los supuestos contemplados en el artículo 9 de la citada Ley Orgánica.

2. Expresa su más enérgica repulsa a la banda terrorista ETA y a todas las organizaciones de su entramado entre las que está EH Bildu, condenando como absolutamente criminales y despreciables no solamente los asesinatos, secuestros y demás actos delictivos perpetrados como medio de actuación, sino también la destrucción de la unidad de España que es el principal propósito de esa actividad.

3. Manifiesta su apoyo a cualquier medida adoptada por las distintas administraciones para custodiar la memoria de las víctimas del terrorismo, y para reparar en cuanto sea posible los daños sufridos por sus familiares y por las víctimas supervivientes.

4. Insta igualmente al Gobierno a impulsar las modificaciones legislativas necesarias para garantizar que los condenados por terrorismo cumplan íntegramente sus penas. En el mismo sentido, modificar el artículo 100 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, de forma que no pueda volver a aplicarse posibilitando que sanguinarios asesinos etarras se beneficien de la flexibilización del sistema penitenciario previsto en dicho precepto.

5. Insta igualmente al Gobierno a hacer efectiva la prohibición de todo acto de enaltecimiento público de los terroristas de ETA y de los principios inspiradores de esta banda criminal.

6. Insta además al Gobierno a poner fin a las políticas de cesión al separatismo, investigar los crímenes de ETA pendientes de resolver y promover la búsqueda y puesta a disposición judicial de los prófugos de la Justicia pertenecientes a la banda terrorista ETA.

En este sentido, Vox defiende la "necesidad" de aplicar la legislación vigente para excluir de las instituciones a formaciones que, según sostiene el texto, "mantienen vínculos con el entorno de ETA".