CRÍTICAS EN LA GUARDIA CIVIL
JUCIL estalla contra el traslado masivo de 2.500 guardias civiles para un acto "innecesario" en plena campaña de verano
La asociación reclama que el gasto en desplazamientos y dietas se destine a salarios, chalecos antibalas y medios contra el narcotráfico.

Agente de la Guardia Civil junto a un vehículo del instituto armado.
La asociación profesional JUCIL ha mostrado su rechazo frontal a la decisión de la Dirección General de la Guardia Civil de obligar a más de 2.500 agentes de las promociones 130ª y 171ª a desplazarse este verano a las academias de Baeza y Valdemoro para participar en la entrega de los Reales Despachos.
La organización considera que esta medida supone un “despilfarro de recursos públicos” y denuncia que afectará de forma directa a la operatividad del Cuerpo y a la seguridad ciudadana en plena campaña estival, una de las épocas con mayor presión de trabajo en destinos turísticos.
Según denuncia JUCIL, el calendario oficial fija el 18 de junio como último día en las unidades de prácticas, momento en el que los agentes ya conocerán su destino definitivo. La asociación sostiene que lo lógico sería que los guardias civiles se incorporasen directamente a sus nuevos puestos, evitando así desplazamientos “innecesarios” y retrasos en su incorporación.
Además, critica que el acto obligará a mantener comisionados durante tres días a miles de efectivos, con el consiguiente gasto en dietas y desplazamientos, pese a que históricamente este trámite se resolvía mediante envíos por correo o actos más reducidos.
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JUCIL advierte de que esta decisión llega en un momento especialmente delicado, ya que durante el verano muchas zonas turísticas sufren falta de personal debido a vacaciones y permisos. La asociación considera que retirar temporalmente a miles de agentes de sus destinos puede afectar de forma directa a la seguridad ciudadana y a la capacidad operativa de numerosas unidades.
La organización también denuncia el perjuicio personal para muchos guardias civiles, que tendrán que interrumpir cursos de formación, descansos e incluso permisos de paternidad para acudir a un acto que califican de “autobombo institucional”.
Asimismo, JUCIL critica que la Administración alegue falta de presupuesto para mejorar infraestructuras y dotar de más medios a los agentes, mientras sí encuentra financiación para este tipo de actos protocolarios. En este sentido, recuerda las denuncias realizadas este invierno por la falta de calefacción y agua caliente en la Academia de Baeza.
Por todo ello, la asociación reclama la suspensión del desplazamiento obligatorio y pide que los certificados sean enviados directamente a los domicilios o comandancias de destino, destinando esos recursos económicos a mejoras salariales, chalecos antibalas y material para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.