García Ortiz, a la orden de las 'cloacas del PSOE': aceptó instrucciones para apartar a la jueza del caso David Sánchez
El por entonces fiscal general del Estado tramitó una denuncia por petición de Leire Díez y compañía para que una primera denuncia (rechazada por una subordinada suya) llegara hasta Extremadura con el objetivo final (tal y como contamos en ESdiario) de apartar a la jueza Beatriz Biedma, encargada de investigar al hermano de Pedro Sánchez.

El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz y Pedro Sánchez reunidos en La Moncloa
Ya inhabilitado, Álvaro García Ortiz no se libra de los asuntos turbios y al primer fiscal general del Estado condenado de la historia de España le vuelve a salpicar la polémica. Y nunca mejor dicho lo de salpicar, porque las pruebas le sitúan a las ordenes de las llamadas 'cloacas del PSOE' dirigidas desde las sombras por Leire Díez bajo el mando y la supervisión (así apuntan los investigadores) de Santos Cerdán.
Entre los muchos "trabajos sucios" de la fontanera de Ferraz estaba el de intentar solucionar mediante presiones y juego subterráneo la investigación a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. Y el objetivo de las cloacas era claro: intentar que terminaran apartando de la misma a la jueza Beatriz Biedma, de los juzgados de Badajoz.
Y para ello tenían una estrategia que quedó plasmada en las agendas de Leire Díez recogidas por la UCO: "Estrategia: Presentar querellas simultáneas en Badajoz al hermano y a la juez para que no se visibilice. Luis pone la querella, que el fiscal hace el escrito y se persona. Querella a la Fiscalía de la jueza. Después se persona como acusación popular. Entonces se activa. Tener en cuenta al fiscal de Badajoz. Que el fiscal nombre al fiscal de Badajoz. Se puede hacer el puente". Así lo contamos en ESdiario, remarcando ese nombre clave de "Luis", que se refiere a Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, exmagistrado con una enemistad manifiesta y personal contra la jueza.
Pues bien, la novedad que apunta a García Ortiz es que acabó interviniendo después de que el plan empezara a torcerse. Sáenz de Tejada presentó la primera denuncia contra la jueza Biedma ante la Fiscalía General del Estado y fue rechazada por la Secretaría Técnica, Ana Isabel García León. Fue entonces cuando, según informa El Confidencial, el por entonces fiscal general del Estado intervino.
García Ortiz escribió una nueva solicitud que fue a parar directamente a los juzgados de Extremadura, desautorizando a su subordinada por un lado (que argumentó que el Ministerio Público no era competente para investigar a una jueza y decidió no dar curso a la denuncia) y saltándose filtros utilizando su influencia por otro. Todo ello a petición de Leire Díez y compañía.
Según contamos en ESdiario, Sáenz de Tejada se quejó a la fontanera y sus compañeros, que aseguraban que pasaría el primer filtro. En ese momento, según El Confidencial mencionando el informe de la UCO, estos miembros de las 'cloacas del PSOE' trasladaron su malestar directamente a García Ortiz. En ese contexto se produjo una comunicación en la que se cuestionaba el criterio aplicado por la Fiscalía y se solicitaba expresamente que el fiscal general diese a la denuncia el cauce que consideraban procedente.
Dicho y hecho. La intervención posterior de García Ortiz permitió que el asunto continuara su tramitación, una decisión que, en la práctica, dejó sin efecto el criterio previo sostenido por su propia subordinada. Esa denuncia acabó llegando a los juzgados de Badajoz donde, de nuevo (como hizo en un primer momento la subordinada de García Ortiz) fue desestimada. También fue rechazada la otra opción, la de que Sáenz de Tejada se personase como acusación popular.
Es decir, García Ortiz habría aceptado en cierta manera órdenes de las 'cloacas' socialistas para intentar apartar a la jueza Biezma. Además esta nueva información encaja con el contexto que ya había sido reconstruido anteriormente a partir de documentación atribuida a la UCO de la Guardia Civil sobre una estrategia más amplia orientada a erosionar el procedimiento judicial. Todo esto suma un nuevo capítulo al cada vez más probado servilismo de un Fiscal General del Estado que sobre el papel debería ser independiente pero que, según todas estas informaciones de la UCO, estaba al servicio del Gobierno y el PSOE.