La Justicia extiende la anulación a 3,5 millones de multas de las ZBE de Madrid

Una nueva resolución judicial ha ampliado el alcance de la anulación de las antiguas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid y abre la puerta a que queden sin efecto millones de sanciones impuestas durante los últimos años. La decisión rechaza la interpretación que se venía realizando desde el Ayuntamiento de la capital sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y aclara que la nulidad afecta a todas las multas pendientes que todavía no cuenten con una resolución judicial firme.

La resolución ha sido dictada por una magistrada del Tribunal de Instancia de Madrid al resolver un recurso presentado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en defensa de una conductora sancionada fuera de las zonas de especial protección de Distrito Centro y Plaza Elíptica. La asociación sostenía que la anulación de la ordenanza debía extenderse al conjunto del sistema Madrid ZBE y no únicamente a esas áreas concretas.

La jueza le da la razón. En su resolución señala expresamente que "todas las sanciones impuestas por no respetar las restricciones derivadas de Madrid ZBE respecto de las cuales todavía no haya recaído sentencia firme (...) quedan afectadas por la declaración de nulidad". La interpretación despeja una de las principales dudas que habían surgido tras la sentencia del TSJM, posteriormente confirmada cuando el Tribunal Supremo inadmitió el recurso presentado por el Ayuntamiento.

AEA denuncia que, pese a esa declaración de nulidad, el Consistorio ha continuado tramitando procedimientos de cobro, apremios, recargos e incluso embargos. La asociación considera que mantener esas actuaciones carece de cobertura jurídica y ya ha advertido de que solicitará la ejecución forzosa de la sentencia si no se paralizan de inmediato los expedientes afectados.

Las cifras que maneja la organización son de enorme magnitud. Según sus estimaciones, la resolución podría afectar a más de 3,5 millones de expedientes sancionadores tramitados entre diciembre de 2021 y la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, el pasado 6 de abril. El importe conjunto de esas sanciones rondaría los 700 millones de euros.

La decisión no afecta, sin embargo, a las actuales Zonas de Bajas Emisiones reguladas por la nueva ordenanza municipal. El Ayuntamiento mantiene que la normativa aprobada este año corrige los defectos apreciados por los tribunales y dota de plena cobertura jurídica al sistema actualmente en vigor. La controversia judicial se limita, por tanto, a las multas impuestas bajo la ordenanza anulada y que todavía no hayan adquirido firmeza.