Mercedes González podría ser la siguiente: petición directa al juez Pedraz para ser imputada en el 'caso Leire Díez'

El avance del caso Leire ha abierto un nuevo frente judicial que coloca más todavía si vabe en el punto de mira a la cúpula de la Guardia Civil en todo lo relacionado con las llamdas 'cloacas del PSOE'. La acusación popular unificada, dirigida por el Partido Popular, ha pedido al juez Santiago Pedraz nuevas imputaciones contra la actual directora general, Mercedes González, su antecesor, Leonardo Marcos, y el director adjunto operativo, Manuel Llamas.

En su escrito, la acusación sostiene que deben investigarse las presuntas maniobras relacionadas con la exmilitante del PSOE Leire Díez, en torno a supuestas presiones para que se abrieran actuaciones contra la Unidad Central Operativa (UCO) por filtraciones vinculadas a causas sensibles para el Gobierno y el entorno del presidente Pedro Sánchez.

Las actuaciones llegan tras las declaraciones de varios mandos de la Guardia Civil en sede judicial, entre ellos el exjefe de la UCO, Rafael Yuste, quien ratificó que el DAO Manuel Llamas habría pedido “ponerse de perfil” y no ser “proactivo” en asuntos con “afectación política”, aunque matizó que no se sintieron presionados.

En paralelo, Mercedes González ya defendió en su comparecencia en el Senado el pasado 16 de junio que no ha participado “jamás, nunca” en ninguna “trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa” ni contra ningún agente del cuerpo, ni por influencia de Leire Díez ni de terceros.

La investigación apunta a tres reuniones entre la directora general y Leire Díez: el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024, y el 2 de abril de 2025. Según el informe de la UCO, Díez habría intentado promover una investigación contra la propia unidad, sugiriendo además que existían filtraciones vinculadas a mensajes entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno.

El informe añade que esos mensajes estarían relacionados con intercambios posteriores entre ambas, algunos de los cuales habrían sido borrados. En concreto, se señala que uno de los mensajes sería compatible con la eliminación de una conversación previa, y que otro indicaría la activación del borrado automático con cadencia de 24 horas.

"Reuniones, órdenes y borrados": el PP ve la operación contra la UCO suficientemente probada para la imputación

El PP, como acusación popular unificada en el denominado “caso SEPI”, que también investiga las llamadas “cloacas socialistas”, ha justificado su petición de nuevas diligencias en varios elementos que considera determinantes. Según trasladan fuentes populares, serían determinantes las tres reuniones que Mercedes González habría mantenido con Leire Díez, quien presumía de tener “control absoluto” sobre la directora general y abordaba incluso el ascenso de un guardia civil vinculado a la trama Koldo.

Además, el PP sostiene que Leonardo Marcos y Manuel Llamas habrían dado instrucciones a mandos de la UCO para “ponerse de perfil” y evitar actuaciones “proactivas” en causas con “afectación política”, citando expresamente el caso del hermano del presidente del Gobierno. El escrito añade también la acusación de que Manuel Llamas habría ocultado durante diez días una nota interna de la Jefatura de Información que alertaba de una “agresiva campaña de desinformación” atribuida a la trama del PSOE para dañar investigaciones en curso.

El PP presenta esta petición de diligencias después de que el juez haya aceptado la citación como testigos de los fiscales Diego Villafañe y Beatriz López Pesquera, quienes también habrían mantenido encuentros en la sede de la Fiscalía General del Estado con personas vinculadas a este caso.