La crisis de Sumar se agrava: un exasesor lleva a Lara Hernández ante la Inspección de Trabajo por presunto maltrato laboral

El intento de Movimiento Sumar por dar carpetazo a la polémica que rodeaba a su ya excoordinadora, Lara Hernández, no ha surtido efecto. Al menos uno de los trabajadores vinculados con la denuncia por supuesto maltrato laboral ha decidido dar un paso más y acudir a la Inspección de Trabajo para que investigue si fue víctima de acoso laboral durante su etapa como asesora del grupo parlamentario.

Según la documentación, el pasado 3 de junio se presentó una solicitud para que este organismo, dependiente del Ministerio de Trabajo, abriera diligencias y analizara si el trato recibido por parte de Hernández puede constituir un caso de acoso laboral. La denuncia se dirige contra el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, al tratarse de la entidad con la que el denunciante mantenía su relación laboral y donde, presuntamente, ocurrieron los hechos.

Fuentes conocedoras del procedimiento han explicado que la Inspección de Trabajo ya ha abierto diligencias y que un representante del organismo ha tomado declaración al denunciante, que actualmente ya no forma parte de Sumar. Las mismas fuentes no descartan que otros antiguos trabajadores puedan sumarse a esta vía, aunque reconocen la dificultad que suele entrañar demostrar este tipo de conductas.

Mientras tanto, Lara Hernández ha asegurado a Europa Press que no ha recibido ninguna notificación sobre un expediente abierto por la Inspección de Trabajo. No obstante, ha dicho que está dispuesta a colaborar con cualquier investigación porque estará "encantada de defenderse y de demostrar su inocencia y honorabilidad". Además, ha insistido en que tiene la "conciencia tranquila".

La exdirigente anunció esta misma semana su salida de Movimiento Sumar después de que el partido archivara la investigación abierta mediante su protocolo interno contra el acoso por las acusaciones de supuesto trato vejatorio a varios empleados.

Durante su comparecencia pública, Hernández explicó que la denuncia había sido presentada por seis cargos políticos y sostuvo que el procedimiento quedó archivado después de que los trabajadores afectados desistieran de continuar con el proceso. También defendió su inocencia, denunció haber sido víctima de una "campaña de desprestigio brutal" y aseguró que las "calumnias" vertidas contra ella habían quedado desmentidas.

Sin embargo, otras fuentes sostienen que la propia comisión interna de Sumar comunicó a los empleados que el expediente se archivaba exclusivamente por cuestiones procedimentales, sin entrar a valorar el fondo de las denuncias.

De hecho, algunos de esos trabajadores remitieron un escrito en el que cuestionaban el funcionamiento del protocolo interno. En ese documento afirmaban que la comisión "no presta las garantías suficientes", denunciaban que no quedaba suficientemente protegido su anonimato y criticaban que no se aceptara su petición de apartar cautelarmente a Lara Hernández mientras se desarrollaba la investigación. En ese mismo escrito ya avanzaban su intención de acudir a la Inspección de Trabajo si el procedimiento interno no ofrecía las garantías que reclamaban. Una decisión que ahora, al menos uno de ellos, ha terminado materializando.

Todo ello mantiene abierta una crisis política en Sumar que coincide con la renovación de la dirección del partido. Desde el entorno de Lara Hernández sostienen que toda esta ofensiva responde a una finalidad política, apuntan a la portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, y consideran que el objetivo era desacreditar a la excoordinadora y condicionar el relevo en la cúpula de la formación.

La situación llega, además, en vísperas de la asamblea de Movimiento Sumar, donde se presenta una única candidatura sin personas afines a Hernández. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, emerge como principal referente político del espacio, mientras que la dirección orgánica quedará en manos de Rosa Martínez.