Las 5 irregularidades del rescate de Plus Ultra que comprometen a Sánchez y su Gobierno
Documentos judiciales y comparecencias parlamentarias señalan cinco puntos controvertidos en la aprobación de los 53 millones de euros públicos a la aerolínea en marzo de 2021.
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en marzo de 2021 un rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra Líneas Aéreas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La investigación judicial en la Audiencia Nacional y las comparecencias en el Senado han puesto de relieve varias irregularidades en el proceso de concesión de la ayuda.
1. Estructura accionarial presentada de forma distinta a la real
La aerolínea fue presentada ante la SEPI y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) como una compañía con control mayoritario español o comunitario. Este requisito era imprescindible para mantener la licencia de explotación tipo A. Sin embargo, la documentación analizada en el marco de la investigación judicial indica que el control efectivo de la compañía lo ejercía un accionista venezolano.
Se documentó una separación artificial entre sociedades vinculadas y una presentación de porcentajes accionariales que no coincidía con la estructura real de propiedad y control. Sin el cumplimiento de ese requisito de control comunitario, la aerolínea no habría podido operar legalmente ni acceder al rescate público.
2. Situación económica previa a la pandemia
Plus Ultra registraba pérdidas continuadas desde al menos 2017, varios años antes de la irrupción del covid-19. El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas se creó para ayudar a compañías cuya viabilidad se hubiera visto comprometida como consecuencia directa de la pandemia. La propia documentación interna del Gobierno reconoce que la aerolínea ya presentaba una situación financiera débil antes de 2020, con pérdidas recurrentes y una posición de mercado muy reducida (menos del 0,2 % del tráfico de pasajeros nacional en aquel momento).
3. Aplazamiento de la deuda con la Seguridad Social
Plus Ultra mantenía una deuda de 451.954 euros con la Tesorería General de la Seguridad Social desde 2017. Uno de los requisitos para acceder a las ayudas del FASEE era estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. La compañía obtuvo un certificado de estar al corriente tras la concesión de un aplazamiento de pago.
Según la investigación judicial, este aplazamiento se resolvió en octubre de 2020, aproximadamente un mes después de una reunión mantenida entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Este certificado fue determinante para que la empresa cumpliera formalmente los requisitos de elegibilidad.
4. Informes técnicos presentados sin firma
Los informes técnicos y financieros que sirvieron de base para la aprobación del rescate llegaron a la SEPI sin las firmas de los responsables técnicos que los elaboraron. Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado, el entonces vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, reconoció que los informes carecían de firma y que él mismo tuvo que avalarlos personalmente para que pudieran elevarse al órgano competente. Solo aparecía su rúbrica en la documentación final que se utilizó para justificar la concesión de los 53 millones de euros.
5. Declaraciones de la entonces ministra de Hacienda sobre la revisión de los expedientes
María Jesús Montero, ministra de Hacienda en el momento de la aprobación del rescate y responsable última de la SEPI, declaró en la comisión de investigación del Senado que nunca había visto los expedientes completos de la operación. En su comparecencia afirmó textualmente que “nunca he visto un expediente de los de SEPI para dar un préstamo” y que “no es el ministro el que mira la cuenta de resultados de cada empresa”. Según sus declaraciones, la valoración correspondía exclusivamente a los servicios técnicos y asesores externos.
Estas cinco cuestiones forman parte de la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional sobre la concesión de la ayuda pública a Plus Ultra. El juez instructor ha incorporado a la causa tanto la documentación administrativa de la SEPI como los resultados de las pesquisas de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
