CEP denuncia ante Europa el 'caso Ceuta' y exige investigar el papel de Marruecos en la avalancha

La crisis de Ceuta ya ha llegado al Parlamento Europeo. La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado ante el Grupo de Trabajo sobre Schengen y Control de Fronteras la gestión realizada por el Ministerio del Interior durante la entrada masiva registrada en la ciudad autónoma y ha pedido a las instituciones comunitarias que investiguen si Marruecos pudo utilizar la presión migratoria contra España, ya fuera por acción o por omisión.

La organización policial ha trasladado a los eurodiputados un relato especialmente crítico con la respuesta del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. Según los datos expuestos por CEP, más de 72.000 personas accedieron irregularmente a Ceuta en apenas dos días, una cifra de enorme impacto para una ciudad de alrededor de 85.000 habitantes. Los agentes, sostiene el sindicato, tuvieron que afrontar esa situación sin medios suficientes, sin una planificación adecuada y bajo una presión extraordinaria en la frontera.

CEP rechaza además que lo ocurrido pudiera considerarse un episodio completamente inesperado. La organización recuerda que durante las semanas anteriores ya se venía registrando un aumento de las entradas a nado y que el 29 de julio había advertido de que más de un millar de personas habían llegado en una sola semana. Para entonces, según el sindicato, las instalaciones de acogida estaban saturadas y los policías destinados en la ciudad ya soportaban una presión creciente.

A ello suma otro elemento que, a juicio de CEP, obligaba a Interior a prepararse con antelación. Desde el 8 de julio, el Ministerio conocía una sentencia del Tribunal Supremo que exigía tramitar de manera individualizada los rechazos en frontera de quienes llegasen a nado. La Confederación considera que esa resolución hacía necesario disponer de más efectivos, recursos y procedimientos preparados ante un posible incremento de llegadas.

La denuncia presentada en Europa también pone el foco en las cifras ofrecidas después de la avalancha. CEP señala que Interior habla de unas 72.000 entradas, alrededor de 70.000 retornos y unas 5.000 personas que continuarían en Ceuta. Sin embargo, la organización sostiene que las estimaciones manejadas por el Gobierno de la ciudad autónoma sitúan entre 8.000 y 11.000 las personas que permanecerían allí.

Para CEP, esas diferencias dificultan conocer con precisión cuántas personas entraron, cuántas abandonaron el territorio y cuántas continúan en España. El sindicato considera especialmente grave esa falta de certeza por sus implicaciones para la seguridad y para la identificación de quienes permanecen en territorio nacional.

La Confederación también ha llevado ante los eurodiputados las condiciones en las que fueron alojados algunos de los policías enviados como refuerzo. De acuerdo con su denuncia, hubo agentes que tuvieron que dormir hacinados sobre colchones viejos y sucios, mientras alrededor de setenta efectivos llegaron a compartir un único inodoro.

Pese a esas circunstancias, subraya CEP, los policías continuaron desarrollando sus funciones tanto en la frontera como en las calles de Ceuta, incluso después de las agresiones sufridas por policías, guardias civiles y militares durante la crisis.

La actuación de España ante la ayuda comunitaria también forma parte de las quejas trasladadas a Bruselas. El sindicato asegura que, mientras el Gobierno solicita que la Unión Europea financie el 90% de nuevas inversiones fronterizas, España habría pedido únicamente diez especialistas de Frontex para afrontar una crisis de esta magnitud.

El punto de mayor alcance político de la comparecencia afecta, sin embargo, a Marruecos. CEP ha solicitado expresamente a las instituciones europeas que investiguen si el país vecino instrumentalizó la inmigración, bien mediante una actuación directa o bien permitiendo que se produjera la concentración y posterior entrada de decenas de miles de personas.

La Confederación considera que el hecho de que Rabat aceptase posteriormente el retorno de buena parte de quienes habían entrado no resuelve una cuestión esencial: cómo fue posible que una cantidad tan elevada de personas se concentrara junto a la frontera y pudiera atravesarla en un periodo de tiempo tan reducido.

La denuncia adquiere además una dimensión mayor tras las informaciones conocidas sobre un informe del CENIF, la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. CEP recoge que, según lo publicado, la Policía Nacional habría alertado el 29 de julio de un riesgo extremo de entrada coordinada por vía marítima para el día siguiente.

Ese análisis, siempre según la información incorporada por CEP a su nota, apuntaría a una operación planificada e incluiría referencias a gendarmes marroquíes guiando el flujo de personas y a individuos de paisano supervisando el desarrollo de los acontecimientos.

Para la organización policial, si esos avisos se produjeron antes de la entrada masiva, Interior dispuso de margen para adoptar medidas preventivas y reforzar la frontera. CEP lleva su crítica hasta exigir responsabilidades políticas y considera que la gravedad de lo ocurrido hace insostenible la continuidad de Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio.

La Confederación ha reclamado finalmente a Europa un protocolo específico para afrontar futuras entradas masivas, con mecanismos que permitan activar de forma inmediata a Frontex, Europol y la Agencia de Asilo. También exige refuerzos permanentes de plantilla, instalaciones adecuadas, datos oficiales verificables y una cooperación más exigente con terceros países.

La comparecencia de CEP abre así un nuevo frente para el Gobierno en Bruselas. La gestión de Interior, las diferencias sobre el número real de personas que permanecen en Ceuta y, sobre todo, la actuación de Marruecos durante las horas previas y posteriores a la entrada masiva quedan ahora planteadas ante el Parlamento Europeo.