Ceuta se pone más negro para Sánchez: la Audiencia Nacional pide asumir la investigación al delegado del Gobierno

La crisis de Ceuta vuelve a golpear a Pedro Sánchez y lo hace ahora desde los tribunales. La investigación sobre la actuación del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, durante la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio podría terminar concentrada en la Audiencia Nacional, después de que la juez María Tardón haya dado un nuevo paso para asumir las diligencias.

La magistrada ha tenido conocimiento de que el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta mantiene abiertas unas diligencias a raíz de una denuncia o querella contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. Ante esta circunstancia, la jueza Tardón ha remitido a dicho órgano judicial el auto mediante el que acordó asumir en la Audiencia Nacional la investigación sobre la entrada masiva para que valore si debe inhibirse en favor de su juzgado. La decisión abre un nuevo frente judicial sobre una crisis que ya se ha convertido en uno de los episodios más delicados para el Gobierno de Pedro Sánchez.

En su resolución, la jueza Tardón señala que ha tenido conocimiento, a través de distintos órganos judiciales de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, de las causas abiertas por las posibles conductas delictivas derivadas de la entrada irregular masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos. Entre ellas se encuentran las diligencias que afectan directamente al delegado del Gobierno. Por eso, la magistrada pide al Juzgado número 6 que examine el auto de la Audiencia Nacional y determine si procede inhibirse en favor de este órgano “si se tratase de conductas incluidas en el procedimiento que aquí se sigue”. Traducido a la dimensión política del caso: la investigación sobre lo ocurrido en Ceuta puede acabar bajo el paraguas de la Audiencia Nacional, junto al resto de actuaciones judiciales relacionadas con aquella entrada masiva. Y eso supone un nuevo problema para La Moncloa.

El movimiento de la jueza Tardón llega apenas unos días después de que la Fiscalía de Ceuta se pronunciara en un sentido similar. El Ministerio Público considera que los hechos denunciados por Manos Limpias, Vox y Hazte Oír no deben analizarse como episodios aislados, sino dentro del mismo contexto operativo que ya está siendo investigado por la Audiencia Nacional. El Juzgado de Instrucción número 6 incorporó las querellas de Hazte Oír y Vox a las diligencias previas que habían sido abiertas a raíz de una denuncia de Manos Limpias. Las acusaciones plantean que el delegado del Gobierno podría haber incurrido presuntamente en delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión.

El problema para Sánchez es que la crisis de Ceuta no se está quedando únicamente en el terreno político. La gestión de la entrada masiva ha terminado abriendo distintos frentes judiciales y ahora la Audiencia Nacional da un paso para tratar de concentrar la investigación sobre los hechos que podrían estar relacionados. La juez Tardón no ha declarado culpable a nadie ni ha resuelto las responsabilidades que pudieran existir. Pero su movimiento evidencia que la actuación de las autoridades durante aquella crisis está bajo escrutinio judicial. Y el nombre del delegado del Gobierno aparece ya directamente en unas diligencias abiertas en Ceuta.