La hermana de Óscar Puente, cada vez más cercada: Hazte Oír amplía de nuevo la querella por la Ley de Nietos
La asociación aporta nuevos indicios sobre dos instrucciones firmadas por Sofía Puente con apenas cinco días de diferencia y pide investigar quién impulsó el cambio de criterio.
Sofía Puente.
Hazte Oír vuelve a mover ficha contra Sofía Puente. La asociación ha presentado una nueva ampliación de la querella dirigida contra la hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, por su actuación cuando estaba al frente de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia.
Se trata ya de la tercera ampliación de una acción judicial centrada en la interpretación aplicada a la llamada Ley de Nietos. En esta ocasión, la organización sostiene que dispone de nuevos elementos que justificarían profundizar en la forma en que se fijaron los criterios administrativos utilizados para facilitar el acceso a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles.
El núcleo de la nueva documentación está en lo ocurrido durante unos pocos días de octubre de 2022. Hazte Oír centra su atención en dos textos fechados el 20 y el 25 de octubre, y considera relevante esclarecer por qué el segundo terminó recogiendo un alcance distinto al manejado inicialmente.
A juicio de la asociación, entre una fecha y otra no se produjo ningún cambio legislativo que explicara por sí solo esa modificación. Por ello, pretende que la investigación determine qué ocurrió internamente en Justicia durante esos cinco días y quién participó en la elaboración del criterio finalmente aplicado.
La nueva ofensiva judicial no se limita al contenido de aquellos documentos. Hazte Oír quiere acceder también al proceso previo a su aprobación y ha solicitado la obtención de las versiones originales de las instrucciones, sus metadatos y las comunicaciones internas relacionadas con su elaboración.
La intención es comprobar si existieron distintos borradores, qué cambios se introdujeron y desde qué instancias se impulsó la versión definitiva.
La asociación incorpora también declaraciones realizadas por representantes de colectivos vinculados a descendientes de españoles en el extranjero. Según la interpretación que hace Hazte Oír de esas manifestaciones, habrían existido contactos con responsables políticos para conseguir una aplicación más amplia de la norma.
La querella inicial ya atribuía a Sofía Puente un posible delito de prevaricación administrativa, una acusación que deberá ser valorada por el juzgado y que hasta el momento no ha sido acreditada judicialmente.
La controversia parte de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que abrió nuevas vías para que hijos y nietos de españoles pudieran optar a la nacionalidad en determinados supuestos.
Posteriormente, una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública concretó cómo debían tramitarse esas solicitudes en registros civiles y consulados. Es precisamente esa interpretación administrativa la que Hazte Oír quiere que sea examinada.
La estrategia de la asociación se ha reforzado además con las decisiones adoptadas recientemente por el Tribunal Supremo en relación con los efectos derivados de esta normativa.
Hazte Oír ha incorporado a la causa el pronunciamiento del Alto Tribunal y sostiene que las medidas cautelares acordadas justifican analizar con mayor detalle el alcance de la instrucción firmada bajo la responsabilidad de Sofía Puente.
La organización pretende que se determine especialmente si todos los beneficiarios encajaban en los supuestos previstos directamente por la ley o si una parte pudo acceder a la nacionalidad como consecuencia de la interpretación posterior realizada desde Justicia.
Este nuevo movimiento se produce mientras la Fiscalía estudia también los antecedentes judiciales existentes. Este lunes se ha conocido que el Ministerio Público ha solicitado las resoluciones correspondientes a una querella anterior presentada en 2024 y que terminó archivada.
Esos antecedentes serán examinados antes de que se adopten nuevas decisiones sobre la actual causa.
El procedimiento se encuentra todavía en una fase inicial y será el juzgado quien deba decidir qué diligencias acepta y si existen elementos suficientes para continuar con la investigación.
Hazte Oír reclama que no se cierre el asunto sin reconstruir primero qué ocurrió entre las dos instrucciones de octubre de 2022 y sin aclarar quién intervino en el cambio de criterio que terminó aplicándose a las solicitudes de nacionalidad.