Iustitia Europa pide al Supremo suspender las elecciones hasta que se aclare el censo de la ley de nietos
El partido de Luis María Pardo advierte de que, sin identificar a los afectados por las cautelares, el 29-N puede quedar viciado tanto si votan quienes no deben como si se les impide hacerlo sin garantías
Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa
Iustitia Europa ha dado un paso más en la batalla judicial sobre la llamada ley de nietos y anuncia que solicitará al Tribunal Supremo la suspensión de las elecciones generales del 29 de noviembre mientras no quede aclarado el censo electoral de los nacionalizados al amparo de esa norma. El anuncio lo ha formulado su presidente, Luis María Pardo, en el programa Horizonte, y lo ha ratificado en un mensaje difundido este jueves: ante la negativa de la Abogacía del Estado a revisar a tiempo los expedientes afectados por las medidas cautelares, el partido pide que no se celebren los comicios si no se garantiza su cumplimiento.
“Suspensión de las elecciones hasta que el censo electoral esté conformado”, resumió Pardo ante la pregunta de si Iustitia Europa iba a solicitar esa medida. En su escrito y en sus declaraciones sostiene que no se puede consentir que las dificultades de la Administración se conviertan en excusa para dejar sin efecto la resolución judicial obtenida tras la denuncia presentada ante la Junta Electoral Central en junio y el auto del Supremo de septiembre. “Sin garantías electorales no puede haber elecciones”, ha escrito.
El argumento central es doble. Si votan personas comprendidas en el ámbito de las cautelares, el resultado podría verse alterado. Si se les impide votar sin las comprobaciones y clasificaciones exigidas por el alto tribunal, el proceso quedaría expuesto a impugnaciones, incluso por parte del propio Gobierno. Ninguna de las dos vías, según el partido, permite celebrar unos comicios con la certeza de que el cuerpo electoral está correctamente formado.
El contexto es el auto con el que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo suspendió, a principios de septiembre, los efectos electorales de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). La medida, solicitada por Iustitia Europa y por Vox, afecta a quienes obtuvieron la nacionalidad por la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática sin acreditar de forma individualizada la condición de descendientes de exiliados, al amparo de la instrucción de octubre de 2022 que presumía el exilio de quienes salieron de España entre 1936 y 1955. No anula las nacionalidades concedidas; paraliza provisionalmente el derecho de voto de esos inscritos y las nuevas altas automáticas mientras se resuelve el fondo, salvo que se acredite el exilio.
El problema práctico es de calendario. El censo de referencia para el 29N es el cerrado el 1 de agosto de 2026, más de un mes antes del auto. Según los datos de la Oficina del Censo Electoral, ese padrón exterior supera los 2,74 millones de electores, unos 450.000 más que en las generales de julio de 2023. Parte de ese incremento procede de los expedientes de la ley de nietos. La Abogacía del Estado ha reconocido dificultades de trazabilidad —ha llegado a hablar de la imposibilidad material de revisar a tiempo decenas de miles de expedientes— y ha pedido levantar las cautelares. Iustitia Europa se opone y sostiene que esas mismas dificultades justifican mantener la tutela y, ahora, exigir su ejecución efectiva antes de que se abran las urnas.
En un escrito urgente presentado días atrás, el partido ya había reclamado al Supremo que ordenara a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo identificar cuántas inscripciones del censo vigente están sujetas a la suspensión, cuántos expedientes se han examinado, cuántos quedan exceptuados por acreditar el exilio y qué medidas se adoptan para que el resto no produzca efectos el 29 de noviembre. La petición de suspensión de la convocatoria es el escalón siguiente si esa identificación no se produce a tiempo.
Pardo ha insistido en que la controversia no versa sobre retirar nacionalidades, sino sobre separar el estatuto de nacional del ejercicio del sufragio cuando la inscripción censal no ofrece trazabilidad suficiente. El partido, que se presenta como el primero en llevar el asunto ante la JEC y después ante el Supremo, advierte de que dejar correr el calendario electoral sin esa depuración compromete la validez misma del proceso. La decisión queda ahora en manos de la Sala Tercera.