Las "firmas fantasma" y el misterioso 5% del prestamista de Plus Ultra complican el caso Zapatero

La investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra ha situado en el centro de las pesquisas una compleja red de relaciones empresariales, operaciones financieras y movimientos internacionales de dinero que comenzaron varios años antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez autorizara la concesión de 53 millones de euros a la aerolínea. El financiero neerlandés Simón Leendert Verhoeven, investigado por su presunta participación en una organización de blanqueo de capitales, ha reconocido ante la Audiencia Nacional que prestó 2,1 millones de euros a la compañía, aunque ha negado que los fondos tuvieran un origen delictivo.

Su declaración del viernes 16 de octubre ante el juez José Luis Calama ha dejado varias cuestiones pendientes de esclarecer. Entre ellas figuran la existencia de contratos cuyas firmas asegura no reconocer, sus relaciones con Rodolfo Reyes, antiguo máximo accionista de Plus Ultra, y unas conversaciones intervenidas por las autoridades estadounidenses en las que aparece una comisión del 5%, calculada en 250.000 euros, por una operación financiera anterior al rescate.

A estos elementos se añaden una deuda de 3,6 millones de dólares cedida a una sociedad de Luxemburgo, los negocios de Verhoeven con oro africano, las pesquisas internacionales sobre la comercialización de metales preciosos venezolanos y los movimientos societarios registrados en Reino Unido durante los meses próximos a la concesión de la ayuda pública.

La causa judicial también afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por su presunta intervención en las gestiones relacionadas con la financiación de Plus Ultra. Los investigadores tratan de determinar si las operaciones realizadas por determinadas sociedades extranjeras respondían a préstamos comerciales legítimos o si pudieron utilizarse para canalizar fondos de procedencia ilícita y, posteriormente, recibir parte del dinero público concedido a la compañía.

Durante su comparecencia, Verhoeven reconoció haber participado en la financiación de la aerolínea mediante sociedades vinculadas a su actividad empresarial. Aseguró que fue su socio, el empresario peruano-francés Luis Felipe Baca Arbulu, quien le planteó la inversión, y que decidió aceptarla porque ofrecía una rentabilidad atractiva. Según su versión, los préstamos se formalizaron en condiciones comerciales, con un interés anual del 9%, y fueron devueltos después de que Plus Ultra recibiera el rescate.

Sin embargo, uno de los puntos más relevantes del interrogatorio surgió cuando el magistrado le preguntó por los contratos utilizados para documentar esas operaciones. El financiero negó reconocer determinadas firmas que aparecían en una versión de los acuerdos incorporados al procedimiento español, mientras que sí admitió otros documentos examinados durante las investigaciones desarrolladas en Suiza.

La diferencia no es menor. Los contratos cuestionados contenían referencias a la futura ayuda pública como garantía de devolución de los préstamos, mientras que las versiones reconocidas por Verhoeven no incluían las mismas menciones. El empresario sostuvo que desconocía que Plus Ultra iba a recibir financiación gubernamental cuando decidió aportar dinero.

Estas denominadas "firmas fantasma" constituyen, por ahora, una controversia sobre la autoría y el contenido de los contratos, sin que exista una resolución judicial que establezca que fueron falsificados. La investigación deberá comprobar cuándo se elaboraron las diferentes versiones, quién intervino en su redacción y qué conocimiento tenían los prestamistas sobre la posible concesión del rescate.

Las explicaciones del financiero también plantearon interrogantes sobre sus relaciones comerciales con los antiguos responsables de Plus Ultra. Verhoeven aseguró que no conocía personalmente a Rodolfo Reyes, ni al expresidente de la aerolínea Julio Martínez Sola, ni a Julio Martínez Martínez, empresario vinculado a Análisis Relevante y relacionado profesionalmente con Zapatero.

Únicamente reconoció una relación directa con Felipe Baca.

No obstante, la documentación examinada por los investigadores incluye comunicaciones que relacionan a Reyes con Valerian Corporation, una sociedad domiciliada en Gibraltar vinculada al prestamista.

El antiguo consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, aportó un correo en el que aparecía una expresión especialmente significativa: "Valerian es Rodolfo Reyes".

Roselli también explicó ante el juez que, cuando tuvo conocimiento de que esa sociedad gibraltareña pretendía financiar la aerolínea, solicitó a Reyes información adicional sobre el inversor. Según su relato, el antiguo accionista le indicó que podían completar las comprobaciones mediante búsquedas en Google y en World-Check, una herramienta utilizada para examinar antecedentes empresariales y riesgos financieros.

El exdirectivo interpretó aquella respuesta como una autorización para aceptar la entrada de fondos procedentes de Valerian, que acabó convirtiéndose en una de las sociedades financiadoras de Plus Ultra.

La existencia de estas comunicaciones resulta relevante porque introduce una posible conexión entre Reyes y una compañía vinculada formalmente a Verhoeven. 

Además, entre las comunicaciones incorporadas al procedimiento aparece una conversación de agosto de 2020 en la que Reyes habría llegado a identificarse con Valerian al explicar determinadas operaciones empresariales. La investigación intenta determinar qué grado de control o capacidad de decisión ejercía sobre esa sociedad y si existieron acuerdos de intermediación entre los distintos participantes.

Las autoridades financieras francesas y suizas sitúan a Rodolfo Reyes como presunto cliente de una estructura relacionada con Verhoeven y Felipe Baca, a quienes atribuyen provisionalmente operaciones destinadas a trasladar fondos mediante sociedades internacionales. 

El 5% de las conversaciones estadounidenses y el rastro internacional del oro

Otro de los elementos relevantes de la investigación procede de las comunicaciones obtenidas por Homeland Security Investigations (HSI), la agencia estadounidense que colaboró en las pesquisas sobre las operaciones financieras de Plus Ultra.

Entre el material incorporado al procedimiento figura una conversación del 17 de enero de 2019 entre Rodolfo Reyes y el antiguo directivo de la aerolínea Raif El Arigie. En ella, Reyes explicó que pretendían recurrir a una estructura financiera relacionada con Felipe Baca Arbulu, socio de Verhoeven, denominada Trébol Investment.

En ese intercambio apareció una comisión del 5% por pagos a terceros. El Arigie calculó que el porcentaje representaba aproximadamente 250.000 euros. Poco después, Reyes facilitó los datos de Trébol para preparar documentación relacionada con una operación de crédito.

Las conversaciones, cuyo contenido ha sido divulgado por El Periódico , sitúan las negociaciones con el entorno de Baca dos años antes de que el Ejecutivo aprobara el rescate. La investigación francesa relaciona Trébol Investment Asia LTD con Trebol Asset Management, compañía establecida en Ginebra y dirigida por Verhoeven, a la que Baca se había incorporado en 2016. El intercambio acredita que se negoció una comisión de ese porcentaje.

La documentación también permite retroceder hasta el 4 de abril de 2019, cuando la aerolínea firmó un contrato con la sociedad luxemburguesa Modus para ceder una deuda de 3,6 millones de dólares. Las autoridades examinan esta operación como posible parte de una estructura más amplia de movimientos financieros. Su naturaleza y su relación con las restantes transacciones siguen pendientes de esclarecimiento.

A estos antecedentes se suman los movimientos societarios de Verhoeven en Reino Unido. Una investigación publicada anteriormente por EsDiario examinó sus cambios de cargos en dos de las empresas vinculadas a la financiación de la aerolínea.

Los registros de Companies House sitúan su cese como administrador de Wailea Investment Limited y Allpa Wira Trading UK Limited el 22 de diciembre de 2020. Posteriormente, el 3 de marzo de 2021, fue nombrado administrador de Headissimo Limited y, el 26 de marzo, regresó a Allpa Wira Trading UK Limited, apenas 17 días después de la aprobación del rescate público.

Esta cronología permite identificar las responsabilidades formales del financiero durante los meses próximos a la concesión de la ayuda, aunque no demuestra por sí misma que esos cambios se efectuaran para intervenir en el rescate.

Las pesquisas sobre el prestamista adquieren una dimensión internacional al examinar su actividad en el mercado del oro. Verhoeven explicó ante Calama que llevaba alrededor de tres décadas dedicado a operaciones de compraventa de activos financieros, metales preciosos, joyas, relojes y propiedades inmobiliarias.

Según su declaración, adquiría oro en Níger, lo transportaba por vía aérea hasta Dubái y allí lo comercializaba. Identificó a la firma Al Sayegh entre las empresas con las que operaba y señaló a Felipe Baca como intermediario en estas transacciones.

El financiero sostuvo que los negocios eran legales y que podía justificar documentalmente las operaciones. También aseguró que los dos lingotes encontrados por la Policía en su domicilio habían sido adquiridos a la compañía Degussa

El registro de la vivienda que tenía en Mallorca se practicó en octubre de 2024, en cumplimiento de una solicitud de cooperación de las autoridades suizas. Los agentes encontraron dos lingotes de oro, doce relojes de lujo y diferentes joyas. Entre los objetos intervenidos figuraban relojes de marcas como Rolex y Patek Philippe.

La investigación internacional también examina operaciones de compraventa de artículos de lujo superiores a 240.000 euros y la actividad de una sociedad constituida en España, Exclusividades Vagu SL, relacionada con otra empresa del mismo nombre establecida anteriormente en Caracas.

Las autoridades suizas sospechan que determinadas operaciones de compraventa de joyas y relojes pudieron utilizarse para regularizar fondos de origen presuntamente ilícito procedentes de Venezuela.

Verhoeven ha negado esa interpretación y sostiene que la documentación encontrada en su domicilio corresponde a actividades comerciales legítimas.

La investigación sobre sus negocios con oro también ha permitido identificar operaciones de mayor volumen económico. De acuerdo con la información atribuida a la National Crime Agency británica, sociedades vinculadas a Verhoeven y Felipe Baca habrían recibido más de 80 millones de euros relacionados con la comercialización de oro venezolano.

Las autoridades francesas investigan, además, un presunto esquema de desvío de fondos públicos procedentes de operaciones de venta de oro del Gobierno de Nicolás Maduro, dentro de unas transacciones cuyo volumen global superaría los mil millones de dólares.

Esas cantidades corresponden al alcance de las operaciones examinadas por los investigadores y no significan que Verhoeven se apropiara personalmente de todo ese dinero.

Las pesquisas también incluyen referencias a los hermanos Luis Felipe y Enrique Baca y a presuntas estructuras financieras utilizadas para canalizar fondos derivados de negocios relacionados con programas de alimentación en Venezuela.

La documentación de las autoridades extranjeras menciona la posible utilización de sociedades y facturas irregulares para justificar movimientos de capitales entre diferentes jurisdicciones. 

Rodolfo Reyes también aparece en documentación policial relacionada con el mercado internacional del oro. Una propuesta de transporte examinada por los investigadores contemplaba el traslado de entre cinco y ocho toneladas desde Caracas hasta Dubái. Las autoridades francesas relacionaron una referencia a un empresario identificado como Rodolfo con el antiguo accionista de Plus Ultra.

La conexión entre estas operaciones y el rescate público constituye una de las principales cuestiones de la causa. En la orden internacional de detención dictada contra Verhoeven, Calama recogió la sospecha de que responsables de Plus Ultra pudieron utilizar parte de los fondos recibidos del Gobierno para realizar transferencias a sociedades vinculadas con una presunta organización de blanqueo.

Según la hipótesis judicial, Rodolfo Reyes habría ordenado determinadas transferencias desde cuentas de la aerolínea hacia Valerian Corporation, Allpa Wira Trading AG y Wailea Investment. Los investigadores examinan si las cantidades correspondían a devoluciones legítimas de préstamos o si pudieron servir para canalizar fondos hacia otras sociedades internacionales.

Las pesquisas se extienden a cuentas y estructuras financieras radicadas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio, entre otras jurisdicciones.

Verhoeven insiste en que aportó dinero legítimo y en que los préstamos fueron reembolsados conforme a los contratos pactados. El examen de esos acuerdos, de sus diferentes versiones y de las transferencias bancarias será decisivo para contrastar su declaración.

El empresario fue detenido el 21 de agosto en el aeropuerto alemán de Fráncfort y posteriormente entregado a España. Tras comparecer ante Calama, quedó en libertad con medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el país y la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado.

Durante su nueva declaración, el magistrado también le preguntó por las sociedades y personas venezolanas con las que había mantenido negocios. Según la información facilitada por fuentes jurídicas a El Periódico, Verhoeven aseguró no recordar buena parte de esos nombres y únicamente identificó a la empresa química Metor.

Calama le concedió diez días para presentar una relación completa de las transacciones y de sus contactos comerciales en Venezuela. La documentación deberá contrastarse con los informes de la UDEF y los datos remitidos por las autoridades francesas, británicas y suizas.

La vertiente política del procedimiento mantiene bajo investigación las gestiones relacionadas con la obtención del rescate. En ella aparece José Luis Rodríguez Zapatero, cuyos contactos con empresarios vinculados a Plus Ultra y con Julio Martínez Martínez forman parte de las diligencias.

La Audiencia Nacional examina si existió una intermediación irregular para conseguir los 53 millones, mientras que la investigación financiera intenta determinar el destino posterior de parte del dinero público.