Los jueces se cansan de esperar: Supremo y Audiencia Nacional aprietan al Gobierno y al PSOE

A los jueces también se les acaba la paciencia. Y esta semana han empezado a dejarlo por escrito. Tres procedimientos diferentes del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional muestran las dificultades que encuentran los magistrados para obtener documentación del Gobierno o del PSOE sin tener que insistir, reiterar requerimientos o directamente elevar la voz.

El caso más contundente acaba de protagonizarlo el Supremo con la denominada Ley de Nietos. La Sala reclama desde hace semanas la identidad de las personas afectadas por la suspensión cautelar de su derecho al voto, pero hasta ahora sólo ha recibido del Gobierno una cifra: 163.020. Ni los nombres ni más datos. El Ejecutivo, por lo visto, sabe la cifra pero no a quién corresponde cada número. En eso se excusa.

La respuesta judicial ha dejado atrás las contemplaciones. El Supremo considera "incomprensible" que la Administración todavía no haya facilitado esa relación cuando fue ella misma quien tramitó los expedientes y requiere personalmente a Félix Bolaños y José Manuel Albares para entregarla antes de las 15:00 horas del próximo 28 de octubre.

Y esta vez acompaña el requerimiento con apercibimientos. Si los ministros incumplen, podrán afrontar multas coercitivas de 1.000 euros que pueden reiterarse hasta conseguir la ejecución de lo ordenado, además de otras responsabilidades que pueden llegar a lo penal. La Sala llega a advertir de las consecuencias que puede provocar "la propia inacción de la Administración".

Bolaños sostiene que el Ejecutivo entregará la información "en plazo" y que lleva semanas haciendo "lo humanamente posible". El problema es que el Supremo ya había reclamado esos datos anteriormente. Ahora no sólo vuelve a pedirlos: señala directamente a dos ministros, fija día y hora y les advierte de las consecuencias de incumplir.

Pedraz se cansa del remoloneo de Ferraz

Santiago Pedraz también parece haberse cansado de que el PSOE se haga el remolón cada vez que toca entregar los papeles. El juez reclamó el 6 de octubre los contratos y documentación sobre abogados, despachos y consultoras contratados por Ferraz y sus estructuras territoriales entre 2021 y 2025.

El PSOE alegó dificultades para recopilar una documentación dispersa, la coincidencia con la campaña electoral y posibles problemas relacionados con el secreto profesional. Además, promovió una consulta ante el Consejo General de la Abogacía Española y pidió tiempo para esperar una respuesta antes de cumplir íntegramente el requerimiento judicial.

Pedraz ha concedido quince días por la dispersión documental, pero ha cortado el resto de argumentos. La consulta promovida por Ferraz "carece de todo efecto suspensivo" y el partido deberá entregar lo solicitado "sin más demora". Tampoco admite que el cumplimiento de una orden judicial dependa de una corporación profesional externa.

El lenguaje adquiere especial significado. Cuando la UCO acudió a Ferraz en mayo para reclamar documentación dentro de esta misma investigación, Pedro Sánchez prometió "total colaboración con la justicia". Cinco meses después, el instructor tiene que recordar por escrito al PSOE que sus dificultades internas no pueden imponerse al deber de colaborar.

Tardón vuelve a pedir los papeles a Defensa

El tercer frente está también en la Audiencia Nacional. María Tardón investiga la entrada masiva de inmigrantes registrada en Ceuta y lleva desde septiembre reclamando documentación e imágenes a distintos organismos del Estado para reconstruir qué ocurrió aquellos días en la frontera y en las aguas próximas.

La magistrada solicitó imágenes terrestres, marítimas y aéreas y posteriormente ha reiterado peticiones de grabaciones e informes al JEMAD y organismos militares. Ahora quiere conocer también si hubo buques militares marroquíes en aguas territoriales españolas, cuándo estuvieron allí y si existió alguna interacción con unidades de la Armada.

Tardón continúa acumulando información y reiterando diligencias pendientes. Pero el expediente añade otro procedimiento de la Audiencia Nacional en el que un magistrado tiene que volver sobre documentación reclamada previamente a organismos estatales.

Son investigaciones diferentes, jueces distintos y documentación que nada tiene que ver entre sí. El denominador común aparece en el método: requerimientos que no quedan satisfechos a la primera y magistrados que tienen que insistir. En dos de los tres casos, además, la paciencia ya ha dejado paso a serias advertencias escritas.

El Gobierno y el PSOE pueden seguir defendiendo que colaboran con la Justicia. Los jueces, entretanto, empiezan a dejar por escrito cuánto les está costando encontrar dónde está esa tan cacareada colaboración.