La "transparencia" de Sánchez hace aguas: récord de reclamaciones y un organismo al límite

La transparencia de las administraciones públicas vuelve a situarse en el centro del debate después de conocerse unos datos que agravan la situación que ya adelantó EsDiario el pasado mes de agosto. Las reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) no solo continúan aumentando, sino que han alcanzado cifras nunca registradas por esta institución, encargada de velar por el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública.

Entre enero y septiembre de 2026 se han contabilizado 3.021 reclamaciones, un 75 % más que durante el mismo periodo del año anterior. La cifra resulta especialmente significativa porque, cuando todavía faltan tres meses para terminar el ejercicio, ya se ha superado el volumen correspondiente a todo 2025, que cerró con 2.767 expedientes.

La situación adquiere una dimensión especialmente relevante para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. De las reclamaciones presentadas durante los nueve primeros meses del año, 2.088 están relacionadas con la Administración General del Estado y entidades del sector público estatal. Es decir, casi el 70 % afecta al ámbito de los ministerios y organismos estatales.

Estos expedientes se originan cuando los ciudadanos consideran que no se ha respetado su derecho a obtener determinada información pública. Entre las causas se encuentran las negativas administrativas, las respuestas incompletas y la ausencia de contestación dentro de los plazos legales.

Sin embargo, el incremento de las reclamaciones no significa necesariamente que todas estén justificadas. También puede reflejar un mayor conocimiento de los mecanismos legales disponibles para exigir información a las instituciones.

Lo que sí resulta evidente es que el organismo encargado de supervisar estas situaciones comienza a tener dificultades para asumir semejante volumen de trabajo.

La presidenta del Consejo, Concepción Campos Acuña, ha advertido de que la institución no puede continuar indefinidamente con los medios de los que dispone. Actualmente, su presupuesto permanece congelado en 3,38 millones de euros desde 2023, mientras su plantilla ronda los treinta empleados públicos.

El contraste entre el incremento de las reclamaciones y la ausencia de un refuerzo equivalente de los recursos ha encendido las alarmas dentro del propio organismo.

Campos Acuña ha señalado que la situación presenta dos caras. Por un lado, evidencia que los ciudadanos conocen mejor sus derechos y están dispuestos a ejercerlos. Por otro, supone una creciente carga administrativa y jurídica que puede comprometer la capacidad de respuesta de la institución.

La presidenta también ha advertido de que los asuntos que llegan al Consejo presentan una complejidad cada vez mayor, lo que obliga a dedicar más tiempo y recursos a su resolución.

El último balance permite comprobar hasta qué punto se ha acelerado esta tendencia. Durante el tercer trimestre de 2026, entre julio y septiembre, se registraron 1.263 nuevas reclamaciones. Esto supone un incremento del 27 % respecto a los tres meses anteriores y aproximadamente el doble que durante el mismo periodo de 2025.

Las cifras actualizan una situación sobre la que EsDiario ya informó el pasado 31 de agosto, cuando publicó que las reclamaciones habían aumentado un 40,2 % durante 2025 y señaló al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, entre los departamentos más cuestionados en materia de transparencia.

Ahora, los datos correspondientes a los nueve primeros meses de 2026 muestran que el crecimiento continúa acelerándose, aunque el nuevo balance global no permite determinar qué ministerio concentra actualmente más reclamaciones.

El problema del acceso a la información ya había sido abordado por la propia presidenta del Consejo durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado septiembre. En aquella intervención reclamó una actualización de la Ley de Transparencia y mayores instrumentos para garantizar el cumplimiento de las resoluciones de la institución.

Una de las cuestiones que preocupa especialmente al organismo es el silencio administrativo. Según los datos correspondientes a las reclamaciones estatales resueltas en 2025, el 45,5 % se había originado porque la Administración no respondió dentro del plazo establecido.

Este porcentaje pone de manifiesto que una parte importante de los ciudadanos que recurren al Consejo no lo hacen después de recibir una negativa expresa, sino porque sus solicitudes permanecen sin contestación.

La institución tiene competencias para revisar las decisiones administrativas y reconocer el derecho de acceso a determinada documentación. También supervisa las obligaciones de publicidad activa, es decir, aquella información que los organismos públicos deben poner a disposición de los ciudadanos sin necesidad de solicitarla.