Tic tac, tic tac: Albares y Bolaños afrontan el ultimátum del Supremo y tienen hasta las 15:00 para cumplir

Félix Bolaños y José Manuel Albares tienen hasta las 15:00 horas de este miércoles. A esa hora vence el plazo fijado por el Tribunal Supremo para que el Gobierno entregue la relación nominal de las 163.020 personas afectadas por la suspensión cautelar de los efectos electorales de su inscripción vinculada a la denominada Ley de Nietos.

Lo normal es que la documentación llegue antes de que venza el reloj. El propio Bolaños ha asegurado que el Ejecutivo cumplirá "en plazo" y Exteriores ha movilizado durante los últimos días a su red consular para completar un trabajo que debe realizarse manualmente en buena parte de los expedientes.

No es un requerimiento cualquiera. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha advertido expresamente a Bolaños y Albares de que, si incumplen, podrá imponer una multa coercitiva de 1.000 euros, reiterarla hasta la ejecución completa y, en su caso, deducir testimonio para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

Entre los dos destinatarios del apercibimiento está precisamente el ministro de Justicia. Si el Gobierno dejara vencer el plazo sin atender el requerimiento, Bolaños quedaría en la peculiar posición de ser el responsable político de Justicia desobedeciendo una resolución de la Justicia. Razones para evitar ese escenario no le faltan.

El tono empleado por los magistrados explica también las prisas. El Supremo considera "incomprensible" que todavía no se haya facilitado una relación nominal que califica de "fundamental" para la correcta conformación del censo y para garantizar los principios de transparencia y objetividad del proceso electoral del 29N.

Exteriores ha respondido poniendo toda la carne en el asador. Los consulados recibieron instrucciones para considerar la tarea "urgente y prioritaria", se suspendieron permisos y vacaciones y se reforzó personal. Bolaños sostiene, además, que Justicia ya entregó el 15 de octubre la información disponible en el Registro Civil digitalizado.

Pero queda mucho trabajo fuera de esos registros. Según los informes aportados por la Abogacía del Estado y recogidos por el Supremo, se habían revisado 31.390 expedientes y los consulados habían expedido sólo 91 certificados a personas que acreditaron ser descendientes de exiliados en los términos exigidos por los autos de la Sala.

Bolaños ha defendido que el Ejecutivo lleva semanas haciendo "todo lo humanamente posible" para cumplir los requerimientos. Este miércoles ya no toca explicar cuánto trabajo supone el encargo, sino entregar la relación reclamada. El Supremo ha puesto hora al final del plazo y ha dejado por escrito qué puede hacer si vuelve a vencer sin respuesta.

A las tres de la tarde se sabrá si la carrera contrarreloj de consulados, Exteriores y Justicia ha sido suficiente. Todo apunta a que el Gobierno cumplirá. Con multas coercitivas y la posibilidad de derivar responsabilidades penales escritas en el apercibimiento, tampoco parece el mejor día para volver a probar la paciencia del Supremo.