Iustitia Europa pide al Supremo medidas cautelares de especial urgencia para frenar el voto de la Ley de Nietos el 29-N

Iustitia Europa abre un nuevo frente judicial a poco más de un mes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La formación presidida por Luis María Pardo ha presentado este miércoles, 28 de octubre, un nuevo escrito ante el Tribunal Supremo en el que solicita la suspensión cautelar de los efectos electorales de los nacionalizados por la denominada Ley de Nietos que, tras figurar en el censo de residentes en el extranjero, trasladaron su residencia a España y pasaron a formar parte del censo electoral nacional.

La iniciativa pone el foco en una situación que, según denuncia la formación, no quedó expresamente cubierta por las resoluciones anteriores del Alto Tribunal. Hasta ahora, las medidas cautelares afectaban al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), pero no contemplaban específicamente a quienes, después de obtener la nacionalidad por las vías sometidas a comprobación judicial, abandonaron ese registro para incorporarse al Censo Electoral de Residentes en España (CER).

El escrito, presentado ante la Sala Tercera del Supremo y solicita la adopción de medidas cautelares de especial urgencia y sin audiencia previa de las otras partes, ante la proximidad de los comicios.

La formación advierte de que una persona cuya inscripción en el CERA estaba sometida a suspensión podría recuperar los efectos electorales de su inscripción simplemente por haber trasladado legítimamente su residencia a España. El problema, según argumenta, es que el cambio de censo no modifica el expediente de nacionalidad que motivó las comprobaciones judiciales.

La secuencia administrativa que describe Iustitia Europa comienza con la adquisición de la nacionalidad española al amparo de la Disposición Adicional Octava de la Ley 20/2022. Posteriormente, el ciudadano se inscribe en el registro consular, accede al CERA y, si traslada su residencia a España, causa baja en ese censo y se incorpora al padrón municipal y al CER.

Por ello, la formación reclama que el Instituto Nacional de Estadística y la Oficina del Censo Electoral identifiquen nominalmente a todas las personas afectadas que hayan seguido este recorrido y suspendan temporalmente los efectos electorales de su inscripción hasta que se compruebe individualmente su situación.

Pero la solicitud va más allá. Iustitia Europa también exige la suspensión cautelar de los efectos electorales de la totalidad de los nacionalizados mediante el Anexo III, tanto si figuran en el CER como si permanecen inscritos en el CERA.

En este caso, solicita determinar de qué progenitor deriva cada nacionalidad, por qué vía adquirió este la condición de español y si se encuentra comprendido en las medidas cautelares previamente acordadas por el Supremo.

La documentación presentada incorpora cifras relevantes. Según los datos de Exteriores recogidos en el escrito, a 31 de julio de 2026 se habían practicado 356.920 inscripciones de nacionalidad al amparo de la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática. De ellas, 163.020 correspondían al Anexo I y 189.678 al Anexo III.

Estas cantidades corresponden a inscripciones de nacionalidad y no equivalen necesariamente al número de electores que podrían participar en las elecciones del 29-N.

El escrito también recoge las dificultades administrativas para identificar correctamente a los afectados. Según la documentación incorporada al procedimiento, un fichero recibido el 20 de octubre con 17.914 registros presentaba numerosos errores que impedían garantizar su fiabilidad.

Asimismo, de 76.600 personas identificadas mediante otra base registral, 38.188 fueron localizadas en el censo electoral vigente. Estos datos forman parte de las comprobaciones que la Administración está realizando para ejecutar las medidas judiciales.

El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, responsabiliza directamente al Ejecutivo de la situación. "Estamos ante un caos censal que el Gobierno conocía y que tenía la obligación de evitar", denuncia, recordando que su formación ya había advertido de estas posibles incidencias el pasado 28 de junio, antes de la convocatoria electoral.

Pardo sostiene que las dificultades para identificar a los afectados no pueden terminar comprometiendo las garantías del proceso electoral y reclama que las comprobaciones se completen antes de que los votos produzcan efectos definitivos.

La formación pide ahora al Supremo que requiera al INE y a la Oficina del Censo Electoral información detallada sobre los electores trasladados del CERA al CER, así como sobre los nacionalizados por el Anexo III que figuran actualmente en ambos censos.