elecciones generales 29n
Bolaños y Albares entregan sobre la bocina el listado de la Ley de Nietos que exigía el Supremo
El Gobierno remite 163.355 nombres al Tribunal Supremo, pero sólo 901 expedientes contienen la acreditación consular del exilio. Moncloa pide reservar los datos y carga contra Vox, Iustitia Europa y Hazte Oir
osé Manuel Albares y Félix Bolaños.
Félix Bolaños y José Manuel Albares han evitado el incumplimiento del ultimátum del Tribunal Supremo. El Gobierno ha entregado este miércoles, dentro del plazo que vencía a las 15:00, la relación nominal de 163.355 nacionalizados por la llamada Ley de Nietos. Pero el listado llega con un dato revelador: sólo 901 expedientes contienen una acreditación consular de la condición de exiliado.
La cifra supone un cambio respecto a los 163.020 afectados que figuraban en los requerimientos anteriores del alto tribunal. Exteriores ha confirmado que la nueva relación se ha remitido tanto al Supremo como al Instituto Nacional de Estadística y a la Junta Electoral Central.
Del ultimátum judicial a la entrega
El pasado viernes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo exigió a ambos ministros identificar a los afectados por la suspensión cautelar de sus efectos electorales antes de las 15:00 de este miércoles. El apercibimiento contemplaba multas coercitivas de 1.000 euros, reiterables, y la posibilidad de trasladar los hechos a la jurisdicción penal si persistía el incumplimiento.
El tribunal había reprochado al Ejecutivo que no facilitase una relación nominal que consideraba fundamental para garantizar la correcta configuración del censo del 29N. Hasta el 21 de octubre, la Administración había comunicado la revisión de 31.390 expedientes, con apenas 91 certificaciones de exilio expedidas.
La documentación entregada ahora eleva a 901 el número de expedientes que contienen esa acreditación. No obstante, esa cifra no permite concluir que los demás nacionalizados carezcan de ascendientes exiliados: identifica los expedientes con certificación comunicados por el Gobierno, no el resultado definitivo de todas las comprobaciones.
El Gobierno carga contra los recurrentes
Moncloa ha acompañado el cumplimiento del requerimiento con una dura respuesta política. Fuentes del Ejecutivo sostienen que buena parte de los afectados verá suspendido su derecho al voto, como habían solicitado Vox, Iustitia Europa y Hazte Oir, a las que califican de "extrema derecha".
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La Abogacía del Estado ha pedido además al Supremo que declare reservado el listado por contener datos personales sensibles. El Gobierno justifica la solicitud en el riesgo de que las partes, a las que identifica como "de ideología ultraderechista", puedan hacer un uso "malicioso o ilegítimo" de esa información.
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Exteriores defiende que movilizó a sus consulados desde septiembre y autorizó contrataciones de apoyo para revisar los expedientes. Justicia recuerda que el 15 de octubre ya había remitido a la Oficina del Censo Electoral los datos de 76.600 nacionalizados registrados en su sistema digital.
El Supremo tiene ahora la palabra
El Ejecutivo intenta también rebajar la repercusión electoral de la controversia. Calcula que, incluso si los 163.355 afectados figurasen en el censo exterior, su participación habitual representaría menos de 14.000 votos repartidos entre 52 circunscripciones.
La entrega evita, por ahora, el escenario de incumplimiento que había advertido el Supremo, pero no resuelve el litigio. Corresponde al tribunal determinar los siguientes pasos para ejecutar sus medidas cautelares y aclarar la situación electoral de los afectados antes del 29 de noviembre.