Vox lleva a Óscar Puente ante el Supremo por presunto homicidio por imprudencia grave y exige que declare como investigado

Vox ha presentado una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, en la modalidad de comisión por omisión, tras el accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre en Urda (Toledo). La formación solicita que el titular de Transportes declare en calidad de investigado y que se examinen sus posibles responsabilidades en la supervisión de la seguridad ferroviaria.

El escrito judicial, al que ha tenido acceso ESdiario, dirige la querella contra Puente "por las omisiones de dirección, control y supervisión de la seguridad ferroviaria que se concretan en este escrito". Vox fundamenta su iniciativa en los artículos 142.1, 152.1 y 11 del Código Penal y reclama que se investigue si el ministro adoptó las medidas necesarias ante las advertencias sobre el estado de la red.

La formación sitúa el foco en los nueve meses anteriores al accidente, especialmente después de las tragedias ferroviarias de Adamuz, en Córdoba, y Gelida, en Barcelona, que provocaron numerosas denuncias sindicales y reclamaciones para reforzar el mantenimiento y los sistemas de protección.

La querella sostiene que debe esclarecerse qué información recibió Puente sobre las posibles deficiencias, qué instrucciones impartió a los organismos dependientes de su departamento y qué mecanismos utilizó para comprobar que las medidas comprometidas se estaban ejecutando.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa judicial es el cumplimiento del acuerdo alcanzado el pasado 9 de febrero entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos ferroviarios, que permitió desconvocar una huelga prevista para ese mes.

Aquel pacto contemplaba 1.800 millones de euros adicionales para mantenimiento, nuevas incorporaciones de personal y el refuerzo de los organismos responsables de la seguridad ferroviaria. Entre las actuaciones anunciadas figuraban nuevas plazas en Adif y Renfe, vehículos de mantenimiento y grupos de trabajo para abordar diferentes riesgos.

Sin embargo, el pasado 16 de octubre, apenas doce días antes de la tragedia de Urda, Renfe comunicó que, de las 24 medidas cuya ejecución no dependía directamente de la operadora, 17 estaban completadas y otras siete continuaban en tramitación.

Vox exige ahora que se identifiquen esas siete medidas pendientes, los organismos responsables de ejecutarlas y si alguna guardaba relación con las deficiencias de seguridad que se investigan tras la colisión.

La querella también recoge las advertencias lanzadas durante los últimos meses por las organizaciones sindicales. Entre ellas, las reclamaciones de SEMAF, UGT, CCOO y ALFERRO sobre el mantenimiento de las infraestructuras, las condiciones de circulación y la necesidad de revisar los procedimientos de seguridad.

El documento hace referencia, además, a una veintena de incidencias registradas durante 2026 en el entorno ferroviario de Toledo y el sur de Madrid. Estas incidencias incluyen problemas de señalización, averías, robos de cable y otras circunstancias de diferente naturaleza, algunas de ellas ajenas al estado de la vía.

La formación solicita que se analice cada episodio para determinar si existían riesgos conocidos que exigieran una intervención adicional por parte de los responsables ferroviarios.

Otro de los aspectos que Vox quiere investigar es el funcionamiento del sistema de protección LZB, que sufrió una incidencia antes del choque entre los dos convoyes.

Según las informaciones recogidas en la querella, el fallo obligó a detener varios trenes y posteriormente se autorizó la reanudación de la circulación. El escrito plantea la necesidad de comprobar qué protocolos estaban vigentes, qué limitaciones de velocidad debían aplicarse y qué verificaciones se realizaron antes de permitir nuevamente la marcha.

Las causas definitivas del siniestro todavía no han sido determinadas oficialmente.

La formación precisa que no atribuye a Óscar Puente la orden directa de reanudar la circulación, sino una posible responsabilidad derivada de sus obligaciones personales de dirección y control.

Para esclarecer estos extremos, Vox solicita al Supremo que recabe los informes, alertas, comunicaciones y recomendaciones recibidos por Transportes y Adif desde el 18 de enero hasta el 28 de octubre, así como las decisiones adoptadas por el Ministerio durante ese periodo.

Entre las diligencias reclamadas figura la declaración del propio Puente como investigado, además de las comparecencias de responsables de la Secretaría de Estado de Transportes, representantes sindicales y miembros de la asociación de víctimas de Adamuz.

Asimismo, pide una pericial ferroviaria independiente que permita determinar qué deficiencias existían antes del accidente, cuáles podían haberse corregido y qué actuaciones concretas habrían podido evitar la colisión.

La acción judicial también alcanza a Adif. Vox señala que ha formulado otra querella contra los responsables del administrador ferroviario con competencias en circulación y seguridad y solicita al Tribunal Supremo que estudie la posible conexión entre ambas actuaciones.

En su escrito, la formación sostiene que la atribución de funciones operativas a Adif no elimina automáticamente los deberes de supervisión del titular de Transportes. Por ello, reclama investigar si Puente dispuso de información suficiente sobre los riesgos denunciados y si ejerció las facultades de control que le correspondían.

Feijóo y otros partidos exigen explicaciones a Puente por la tragedia ferroviaria

La tragedia ferroviaria de Urda también ha provocado una reacción de los partidos de la oposición, que reclaman explicaciones sobre lo ocurrido. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido una auditoría de la seguridad ferroviaria; Frente Amplio ha solicitado la comparecencia de Óscar Puente en el Congreso de los Diputados para que dé explicaciones sobre el accidente, mientras que Vox ha dado un paso más al presentar una querella ante el Tribunal Supremo por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, solicitando que el ministro declare en calidad de investigado.