El Gobierno plantea retirar aceite de oliva de la venta pese a que la CNMC alerta del riesgo de encarecerlo

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una nueva normativa que permitirá retirar obligatoriamente parte de la producción de aceite de oliva del mercado, incluso cuando las previsiones apuntan a una cosecha abundante. La decisión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigido por Luis Planas, llega pese a las advertencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha alertado del riesgo de encarecimiento del producto y de los posibles perjuicios para los consumidores.

La medida figura en la Orden APA/1145/2026, de 29 de octubre, publicada este viernes, 30 de octubre, y establece las condiciones para aplicar restricciones a la comercialización del aceite de oliva durante la campaña 2026-2027. Aunque la retirada todavía no se ha activado, el Ejecutivo deja preparado el mecanismo para impedir temporalmente que una parte de la producción llegue al mercado.

La decisión cobra especial relevancia ante las previsiones de una cosecha notablemente superior a la anterior. Las estimaciones del propio Ministerio sitúan la producción española en torno a 1,6 millones de toneladas de aceite de oliva, un 23 % más que en la campaña precedente. Un escenario de mayor disponibilidad que, sin embargo, podría acabar acompañado de restricciones a la comercialización si Agricultura decide activar el mecanismo previsto.

La normativa contempla que, cuando las existencias iniciales y la producción estimada superen determinados umbrales respecto a las campañas anteriores, pueda establecerse una retirada obligatoria de aceite. Esta inmovilización podría alcanzar hasta el 20 % de la producción prevista, aunque el porcentaje definitivo dependerá de las condiciones del mercado.

En la práctica, la medida afectaría a las almazaras, que tendrían que mantener almacenadas las cantidades de aceite correspondientes, en lugar de destinarlas a su comercialización. 

La decisión sobre su aplicación deberá adoptarse una vez analizados los datos de producción y existencias de la campaña.

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

El planteamiento del Ejecutivo ha recibido reparos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El organismo regulador publicó el pasado 5 de octubre un informe sobre el proyecto de orden en el que advertía de que la retirada obligatoria del producto podría tener consecuencias negativas sobre el funcionamiento del mercado.

La CNMC señala que limitar la oferta puede encarecer los precios, reducir la variedad y calidad del aceite disponible y alterar la competencia entre los distintos operadores del sector. Se trata de una advertencia especialmente relevante en un contexto en el que las previsiones apuntan a un incremento de la producción nacional.

El organismo considera que una intervención de estas características debe estar respaldada por un análisis exhaustivo que acredite la existencia de una sobreoferta extraordinaria y justifique la necesidad de restringir la comercialización.

Competencia también reclama que se examinen los posibles efectos sobre el consumo, la rentabilidad de los productores y los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, prestando especial atención a los hogares con menor capacidad económica.

Otro de los aspectos cuestionados son los costes que generaría mantener inmovilizado el aceite. El informe estima que, en un escenario de aplicación máxima, el almacenamiento podría suponer entre 9,24 y 11,68 millones de euros adicionales para los productores, una carga económica que podría terminar trasladándose al precio final que pagan los consumidores.

La CNMC también ha reclamado aclaraciones sobre las almazaras que quedarían obligadas a aplicar la retirada. Entre sus observaciones figura una posible discrepancia entre el proyecto normativo y su memoria de impacto respecto a la exclusión de determinadas instalaciones de menor tamaño.

El organismo insiste, además, en que cualquier restricción debería limitarse a lo estrictamente necesario y someterse a mecanismos de seguimiento que permitan modificarla o revocarla si cambian las condiciones del mercado.

Estas advertencias se producen mientras las principales organizaciones agrarias han reclamado la activación del mecanismo para frenar la caída de los precios que reciben los productores. Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias consideran que una cosecha abundante podría presionar todavía más a la baja las cotizaciones en origen y afectar a la rentabilidad de las explotaciones.