La Fiscalía Europea intensifica la investigación por un posible fraude en el mantenimiento de las vías Madrid-Sevilla
Los fiscales europeos reclaman documentación sobre los contratos del tramo donde se produjo la tragedia de Adamuz y trabajan en coordinación con la jueza de Montoro y la Guardia Civil.
Un tren Irlo y un Avant parados en la estación de Santa Justa de Sevilla.
La Fiscalía Europea continúa avanzando en la investigación por un posible fraude relacionado con los fondos comunitarios destinados al mantenimiento y renovación de las vías de alta velocidad del corredor Madrid-Sevilla. Las pesquisas se centran en el tramo ferroviario próximo a Adamuz (Córdoba), donde el pasado 18 de enero se produjo el descarrilamiento de un tren Iryo y su posterior colisión con un Alvia, una tragedia que dejó 46 fallecidos y más de 120 heridos.
La investigación, que se hizo pública el pasado mes de marzo, sigue abierta y mantiene diligencias pendientes de completar. Los fiscales europeos esperan obtener avances importantes en las próximas actuaciones, mientras tratan de esclarecer si los recursos económicos aportados por la Unión Europea se destinaron correctamente a las obras previstas.
En el centro de las pesquisas se encuentran los contratos y expedientes administrativos vinculados al tramo donde ocurrió el accidente. Los fiscales Luis Miguel Jiménez Crespo y Juan José Navas Blánquez han reclamado al Ministerio de Transportes y a Adif documentación relativa a las adjudicaciones y actuaciones realizadas sobre la infraestructura ferroviaria.
La investigación afecta a una línea cuya renovación recibió una importante financiación comunitaria. En junio de 2024, la Comisión Europea aprobó una subvención de 111.646.340 euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para mejorar el corredor de alta velocidad Madrid-Sevilla.
La financiación contemplaba distintas actuaciones destinadas a modernizar una infraestructura inaugurada en 1992, entre ellas la sustitución de raíles y traviesas, la mejora de puentes y túneles, el acondicionamiento de terraplenes y la adaptación de los sistemas de drenaje.
Uno de los contratos relacionados con la renovación del corredor fue adjudicado en 2022 por 52.492.342 euros a la unión temporal de empresas Guadalmez-Córdoba, integrada por varias grandes constructoras, entre ellas Azvi, Ferrovial Construcción y sociedades vinculadas a OHLA y FCC. Los trabajos afectaban a aproximadamente 80,7 kilómetros de la línea entre Guadalmez, en Ciudad Real, y Córdoba.
La Fiscalía Europea pretende determinar si existieron irregularidades en la gestión de los recursos comunitarios y comprobar la correspondencia entre las actuaciones financiadas, su ejecución y la documentación presentada para justificar los fondos.
Las diligencias se desarrollan en coordinación con el Juzgado de Montoro, encargado de investigar judicialmente las circunstancias del accidente de Adamuz, y con la Guardia Civil, que participa en las actuaciones como policía judicial.
Por el momento, no se han producido citaciones para declarar dentro de la investigación europea, aunque no se descarta que próximamente puedan comparecer testigos o personas investigadas. La existencia de estas diligencias no implica que se haya acreditado un fraude ni que las posibles irregularidades económicas estén relacionadas causalmente con el accidente ferroviario.
En paralelo, la investigación judicial sobre la tragedia continúa examinando los elementos técnicos que pudieron intervenir en el descarrilamiento. La jueza ha reclamado a la Guardia Civil las grabaciones correspondientes a las inspecciones de las rodaduras de trenes que circularon anteriormente por el mismo tramo. También ha citado para el próximo 12 de noviembre a técnicos de Iryo y Renfe y a peritos judiciales para analizar la información almacenada en las cajas negras.
España
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Patricia Rodríguez Corchado
La investigación europea coincide, además, con nuevos interrogantes sobre el estado de las infraestructuras ferroviarias españolas tras el reciente accidente de Urda, en Toledo. Vox ha trasladado a la Comisión Europea una pregunta sobre la utilización de fondos comunitarios en la modernización de los sistemas de señalización de la línea Madrid-Sevilla y el cumplimiento de los compromisos asumidos en las obras.
El eurodiputado Jorge Buxadé ha solicitado información sobre las cantidades asignadas a estos proyectos, las actuaciones ejecutadas y la documentación presentada por el Gobierno para acreditar su cumplimiento. También quiere conocer si se llegó a certificar la sustitución efectiva de los sistemas de seguridad previstos en el tramo afectado por el accidente de Toledo.