Puente, denunciado ante la Fiscalía del Supremo por la filtración de los audios de Urda
El sindicato Alternativa Ferroviaria acusa al ministro de una posible revelación de información reservada tras sus declaraciones sobre las conversaciones entre maquinistas y controladores. La organización cuestiona que señalara errores humanos antes de concluir la investigación
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante su comparecencia sobre el accidente de Urda, en Toledo.
Óscar Puente suma un nuevo frente judicial en la tarde en que comparece ante la Diputación Permanente del Congreso por la tragedia ferroviaria de Urda, que dejó 69 fallecidos. Esta vez no es un partido de la oposición quien actúa contra el ministro de Transportes, sino un sindicato del propio sector ferroviario.
Alternativa Ferroviaria (Alferro) ha presentado este martes una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por la presunta divulgación de información reservada relacionada con el accidente. La organización considera que las declaraciones públicas de Puente podrían encajar en un delito de revelación de secretos, previsto en el artículo 417 del Código Penal.
"Hemos escuchado las grabaciones"
La denuncia, adelantada por El Mundo, pone el foco en lo ocurrido el pasado 28 de octubre. Aquel día, desde el centro de control de Adif en Atocha, Puente reconoció ante los periodistas: "Hemos escuchado las grabaciones".
El ministro anticipó detalles de las comunicaciones entre los responsables de circulación y los maquinistas, habló de decisiones "erróneas" y calificó algunas órdenes de "inexplicables". Horas después, las conversaciones se difundieron a través de distintos medios de comunicación.
En los audios figuraban instrucciones dadas desde Atocha después de que fallara el sistema de seguridad LZB de la línea Madrid-Sevilla. También podía identificarse a uno de los trabajadores que participaron en las comunicaciones.
Alferro cuestiona que se difundiera información vinculada a una investigación todavía abierta y que las primeras explicaciones públicas dirigieran la atención hacia posibles errores humanos, antes de establecerse las responsabilidades del siniestro.
Los trabajadores llevan la filtración a la Justicia
No es la primera actuación judicial relacionada con estas grabaciones. El Sindicato de Circulación Ferroviario acudió el 30 de octubre al juzgado de Orgaz para solicitar que se investigara su filtración, aunque sin dirigir su denuncia personalmente contra Puente.
Alferro da ahora un paso distinto al señalar expresamente al ministro. También invoca el artículo 466 del Código Penal, relativo a la revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, cuya aplicación dependería de las circunstancias concretas y de quién hubiera divulgado la información.
Puente tiene que explicar esta tarde la gestión del accidente ante los representantes parlamentarios. Y queda pendiente otra cuestión: quién permitió que unas conversaciones vinculadas a una investigación en curso acabaran difundidas públicamente.