Un escaño a medida: Gallardo y el uso político del aforamiento
El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo
Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, se encuentra en el epicentro de una controversia política y judicial tras adquirir la condición de aforado. Un debate que nos lleva a plantearnos la utilización del aforamiento como herramienta para influir en procesos judiciales que se encuentran en curso.
Este pasado miércoles 21 de mayo, Gallardo recogió su credencial como diputado en la Asamblea de Extremadura, obteniendo así la condición de aforado. En cuestión de apenas 24 horas se ejecutaba el movimiento adulterado tras el dictamen de la juez Beatriz Biedma en el cual iniciaba la apertura de juicio oral contra él y otras diez personas, incluido David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los acusados enfrentan cargos por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias relacionados con contrataciones en la Diputación de Badajoz en 2017
Según el artículo 15.2 del reglamento de la Asamblea, los derechos y prerrogativas serán efectivos desde el mismo momento en que el diputado sea proclamado electo, por lo que la condición de aforado se hizo efectiva desde el momento que recogió su acta.
La primera persona en renunciar al acta para facilitar la entrada de Miguel Ángel Gallardo fue la ahora exdiputada socialista Maricruz Rodríguez Vegazo. Esta misma parecía optar al puesto de subdelegada del Gobierno de Badajoz, pero finalmente se frenaba el cese de la actual subdelegada Maribel Cortés, después de haberle transmitido este pasado martes su destitución.
Hay que recordar que Gallardo ocupaba el puesto número 23 en la lista electoral por la provincia de Badajoz, la dimisión de la señora Rodríguez no era suficiente. Era necesaria la renuncia de otras cuatro personas para hacer efectiva su entrada como diputado en el parlamento extremeño, cuestión que pudo resolverse en horas.
La rapidez con la que Gallardo asumió su escaño ha suscitado muchas críticas, puesto que la obtención de condición de aforado no es más que una posible estrategia para trasladar su caso al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), órgano competente encargado de juzgar a los aforados. Esta maniobra ya ha sido calificada por algunos juristas como un posible "fraude de ley", alertando así al Tribunal Constitucional que debería impedir dicha tropelía, al considerar que se busca alterar el curso natural del proceso judicial.
Al encontrarse abierto el juicio oral, el secretario socialista debería haber dimitido de todos sus cargos orgánicos e institucionales como así establece el código ético del PSOE, que exige la dimisión de dichos cargos. Pero casualmente de manera reciente la formación socialista, incluyó una disposición que permite a los acusados solicitar permanecer en sus cargos si alegan persecución política. Y así lo ha manifestado Miguel Ángel Gallardo, alegando ser una víctima de una campaña política contra Pedro Sánchez.
Todo a medida y coordinado al más puro modelo actual socialista. Incluso Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha salido en defensa del nuevo integrante de la Asamblea de Extremadura afirmando que "no implica ninguna impunidad" y calificando de "sorprendente" el auto de la juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma,
La investigación judicial gira en torno a la creación de un puesto de coordinador de actividades en los conservatorios provinciales de Badajoz por el cual la juez determina que existen indicios sólidos de que el proceso de selección para el puesto ofertado carecía de transparencia y que presuntamente fue diseñado a medida para David Sánchez.
Por otra parte el Grupo Parlamentario Vox de Extremadura, registró una iniciativa para suprimir el aforamiento de los diputados de la Asamblea. El Estatuto de Autonomía de Extremadura fue reformado por última vez en el año 2011, y en 2015 se planteó la posibilidad de eliminar el aforamiento de los diputados autonómicos pero el Partido Socialista cuyo presidente era Guillermo Fernández Vara defendió en aquella ocasión que solo fuera para delitos que no tuvieran que ver con la función pública.
El Parlamento de Canarias fue pionero en suprimir el aforamiento en 2018. Murcia y Cantabria también eliminaron el aforamiento para sus diputados y para los miembros de sus Gobiernos Autonómicos. Estas tres comunidades autónomas eliminaron esta prerrogativa mediante reformas de sus respectivos Estatutos de Autonomía a través de la Ley Orgánica 1/2021, de 15 de febrero en el caso de Murcia y mediante la Ley Orgánica 1/2021, de 15 de febrero para Cantabria.