editorial
El Gobierno que acusa a los jueces de ser 'fachas' trapicheaba con el presidente de la Audiencia Nacional
El caso Navarro expone que el Gobierno no solo critica a los jueces cuando le conviene, sino que también parece dispuesto a beneficiarse de filtraciones judiciales. Este doble rasero mina la separación de poderes y la confianza en las instituciones
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El escándalo destapado por El Mundo sobre la filtración de secretos judiciales por parte del presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, al Gobierno de Pedro Sánchez, es un golpe demoledor a la credibilidad del Ejecutivo. Según la investigación, Navarro habría informado al entorno de Sánchez sobre la absolución del mayor Trapero, un dato sensible que el Gobierno habría utilizado políticamente. Este “trapicheo” revela una hipocresía flagrante: el mismo Gobierno que acusa a los jueces de ser “fachas” o de actuar con sesgo derechista cuando fallan en su contra, no duda en aprovecharse de supuestas connivencias con el poder judicial para sus intereses.
La relación de Sánchez con la justicia ha estado marcada por la confrontación. Desde Moncloa, se ha señalado repetidamente a jueces y magistrados como conservadores o politizados cuando sus decisiones han incomodado al PSOE. En diciembre de 2024, el Gobierno acusó a la carrera judicial de no haber completado la “Transición” democrática, insinuando un sesgo derechista tras fallos desfavorables.
En 2023, Sánchez llegó a defender su “limpieza” política frente a una justicia que, según él, era manipulada por la derecha para atacarle. Estas críticas se intensificaron con la investigación a Begoña Gómez, donde el presidente presentó una querella contra el juez Peinado por prevaricación, tildando de persecución las diligencias.
Sin embargo, el caso Navarro expone que el Gobierno no solo critica a los jueces cuando le conviene, sino que también parece dispuesto a beneficiarse de filtraciones judiciales. Este doble rasero mina la separación de poderes y la confianza en las instituciones. Mientras Sánchez clama contra una supuesta judicialización de la política, su Ejecutivo se ve salpicado por prácticas que sugieren una peligrosa injerencia en el poder judicial. España merece un Gobierno que respete la independencia de la justicia, no uno que la instrumentalice mientras señala a los jueces como enemigos. La democracia no puede permitirse este nivel de cinismo.