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La norma anti Vito Quiles sienta un precedente peligroso: los políticos no reparten carnets de periodista

Aún más alarmante es que algunos periodistas y asociaciones profesionales celebren esta medida. En su afán por señalar a Quiles, ignoran que están legitimando un mecanismo que puede volverse contra ellos

Vito Quiles entrevista a Gabriel Rufián

Vito Quiles entrevista a Gabriel RufiánVito Quiles

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La reforma del reglamento del Congreso para retirar acreditaciones de prensa a periodistas como Vito Quiles es un ataque directo a la libertad de información. Que sus formas o su fondo gusten o no es irrelevante: lo grave es que un grupo de políticos se arrogue el poder de decidir quién puede ejercer como periodista. Informar y ser informado son derechos fundamentales, y permitir que decisiones arbitrarias los restrinjan sienta un precedente peligroso para la democracia. Es preferible soportar los excesos de un periodista, debatibles en el espacio público, que avalar una censura que abre la puerta al control estatal sobre la prensa.

Aún más alarmante es que algunos periodistas y asociaciones profesionales celebren esta medida. En su afán por señalar a Quiles, ignoran que están legitimando un mecanismo que puede volverse contra ellos. Hoy es él, pero mañana cualquier político podría tildar a otros de “pseudoperiodistas” para silenciarlos. Esta miopía es suicida: defender la libertad de prensa debe ser un principio inquebrantable, sin excepciones ni cálculos partidistas.

La hipocresía de la mayoría parlamentaria agrava el escándalo. A la coalición frankenstein le irritan más las preguntas incómodas de Quiles que el hecho de que Santos Cerdán cobre 19.400 euros de indemnización del Congreso al abandonar su escaño, pese a estar imputado en el caso Koldo. Para frenar ese tipo de privilegios, no muestran prisa ni interés. Es una vergüenza que prioricen amordazar a un periodista antes que acabar con prácticas que indignan a la ciudadanía.

Esta norma no solo coarta a un informador, sino que debilita la democracia. Si el trabajo de un periodista molesta, la respuesta no es censurarlo, sino responder con argumentos o, en su caso, denunciarlo ante un juez, el único que puede limitar su actividad si se extralimita. Proteger el derecho a informar, incluso cuando incomoda, es proteger nuestra libertad. Porque cuando el poder decide quién puede hablar, todos terminamos silenciados.

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