El lunes, escándalo: el fiscal general de Sánchez se somete a un juicio que podría ser nulo

Álvaro García Ortiz, el fiscal general que depende de Sánchez, según confesó el propio presidente del Gobierno, se sienta mañana en el banquillo en el Tribunal Supremo, acusado de haber filtrado información confidencial de un ciudadano particular como es Alberto Rodríguez Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El caso en sí mismo es un escándalo político porque lo que subyace detrás es una operación de Estado articulada desde La Moncloa contra un rival político, Isabel Díaz Ayuso, usando esa información confidencial de su novio. El presunto fraude a Hacienda jamás debió conocerse y mucho menos las conversaciones de su abogado con la fiscalía. Álvaro García Ortiz está acusado de ser el ejecutor de esa filtración, probablemente obedeciendo órdenes de la Presidencia del Gobierno.

Pero además de este escándalo político que supone que un Ejecutivo use los resortes del Estado contra un ciudadano anónimo con el fin de atacar a un rival político, hay un escándalo no menor: el judicial.

La negativa de Álvaro García Ortiz a dimitir, respaldado en todo momento en público por el presidente del Gobierno, ha llevado a que el juicio que se inicia mañana pueda ser declarado nulo en el futuro porque está viciado de origen. Y es que no puede ser que en la vista oral el fiscal que podría acusar a García Ortiz sea un subordinado suyo, en una institución que por definición es jerárquica. Es decir, el fiscal general, como si fuera el Ejército, manda sobre cualquier fiscal de España. Eso mata la apariencia de imparcialidad y, sobre todo, extiende la sospecha sobre el fiscal del caso. La jurisprudencia europea, la lógica también, establece que un juicio sin imparcialidad es nulo.

Así que, además del escándalo político que supone el procesamiento del fiscal general y la defensa a ultranza que de él hace el Gobierno, tenemos el escándalo jurídico: un juicio oral en el que la imparcialidad de la fiscalía está completamente en entredicho, lo que vicia el proceso de tal manera que es probable que un futuro recurso acabe resolviéndose de la peor manera posible para la credibilidad de nuestro país y nuestras instituciones: la nulidad. Si llega el caso habrá que agradecérselo a Sánchez, la persona que mantuvo en su puesto a García Ortiz contra viento y marea.