Orden, ley y control

La última cortina de humo que ha esparcido Pedro Sánchez en el debate público para intentar que no se hable de sus escándalos de corrupción, y de su responsabilidad “directa o indirecta” en la terrible tragedia de los accidentes ferroviarios, ha sido pactar con Podemos la regulación de casi 800.000 inmigrantes que se encuentran en situación irregular en nuestro país.

La cuestión no es la regulación en sí misma sino la cesión que se ha hecho a la izquierda radical, siempre tan protectora de los delincuentes, que consiste en que bastará una declaración jurada del que pretende ser regularizado, de que no tiene antecedentes penales, en vez de exigir que presente la documentación que así lo acredita. Exigir una simple declaración jurada es un peligro para la convivencia ciudadana, máxime cuando España se está convirtiendo en el punto de entrada a Europa de delincuentes peligrosos, fundamentalmente de las mafias del tráfico de drogas y de seres humanos.

Por eso es necesario que el proceso de regularización se haga atendiendo a los principios de orden, ley y control, tal como vienen regulando los distintos países de la Unión Europea. Así pues, no puede hablarse de puerta abierta sin control alguno, sino que debe ser imprescindible que concurran tres requisitos: contrato de trabajo, integración social y ausencia de antecedentes penales y policiales, solo así podrá construirse una política migratoria que proteja la convivencia en España. Requisitos que los propios extranjeros que están regularizados exigen también y para lo cual es necesario que se estudie caso por caso las solicitudes que se presenten.

La política migratoria de Pedro Sánchez está generando mucha preocupación en Europa ya que muchos de los que entran sin control en España, una vez regularizados, podrán instalarse en cualquier país de la Unión causando un quebranto a las normas regulatorias de cada estado miembro. Por eso no puede aceptarse una regularización sin control como ha pactado Sánchez con Podemos, con la única finalidad de intentar permanecer unos meses más en la Moncloa. La seguridad de los españoles y del resto de Europa no puede depender de la angustia de Sánchez a perder el Gobierno de España.

Los extranjeros que viven a España son los primeros que exigen un control ya que se ven discriminados: han venido a España con sus papeles en regla y respetando las normas, y en muchos casos esperando en sus países para entrar legalmente. Estos extranjeros cumplidores van a comprobar que la “ilegalidad” es más beneficiosa, puesto que en escasos meses la irregularidad dará derechos, mientras que las vías legales para obtener una autorización de trabajo son lentas y limitadas a casos muy concretos.

Además, esta regularización también supone una discriminación a los propios españoles porque es injusto que a un ciudadano español se le exija certificar oficialmente la ausencia de antecedentes penales para acceder a la función pública o para obtener una licencia, mientras que un inmigrante podrá, con esta regularización, legalizar su presencia en España y acceder a derechos de todo tipo con una simple declaración de que no tiene antecedentes penales. Hay que recordar que el propio Estado no acepta declaraciones responsables para la contratación pública con autónomos y empresas.

Los extranjeros que se encuentran de forma irregular en España deberían optar a su regularización cuando acrediten trabajo real, formación, conocimiento del idioma e integración, así como la ausencia fehaciente de antecedentes penales o policiales, y las personas que no alcancen los requisitos deberán retornar a sus países con todas las garantías jurídicas. Pero en todo caso deberán ser expulsados de manera automática aquellos que cometan delitos y sobre todo los reincidentes.

Para ello es necesario combinar humanidad y Justicia, pero también garantizar la seguridad ciudadana, integración cultural y respeto a nuestros valores democráticos, porque no podemos convertir a España en una “sociedad sin ley” que fomenta las causas que llevan a los inmigrantes a incumplir la ley para entrar en España.

Por eso es necesario alejarnos de la demagogia populista de la izquierda que está consiguiendo crear conflictos sociales olvidando que la irregularidad solo puede solucionarse con la ley, esa ley que han respetado millones de extranjeros que han logrado su regularización cumpliéndola, y por supuesto no discriminando a los propios españoles que se les exigen requisitos administrativos que se van a obviar en este decreto de supervivencia sanchista. Por eso es necesario orden, ley y control.