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¿Es Pedro Sánchez un absoluto incompetente o el jefe de una organización criminal?

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicesecretaria general del PSOE, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, durante la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal en la sede de Ferraz

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicesecretaria general del PSOE, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, durante la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal en la sede de FerrazEuropa Press

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Durante el convulso Comité Federal del PSOE celebrado el 1 de octubre de 2016 Pedro Sánchez, entonces secretario general del partido, promovió de manera unilateral la realización de una votación secreta para aprobar la convocatoria de un Congreso Extraordinario. Además, contra la opinión del sector crítico, los partidarios de Pedro Sánchez pretendían que el proceso de votación no contara con un censo de personas con derecho a voto ni con interventores que controlaran el proceso. Antes estas oscurantistas exigencias el ambiente se caldeó sobremanera y acabó estallando cuando los críticos descubrieron que los sanchistas habían colocado una urna llena de votos detrás de una cortinilla. Las airadas protestas del sector crítico ante el evidente intento de pucherazo del bloque sanchista no se hicieron esperar, produciéndose una situación de auténtico caos que finalmente culminó con la dimisión forzada de P. Sánchez como secretario general y la conformación de una gestora que temporalmente habría de dirigir al partido socialista. En consecuencia, puede decirse que ya desde sus primeros pasos en el mundo de la política P. Sánchez demostró ser más proclive al arte del trilerismo que a la práctica de conductas ajustadas a las virtudes de la decencia y la honestidad.

Rendido y humillado el ya exsecretario general del PSOE se fue a rumiar la derrota al calor del hogar, pero todo cambió cuando un grupo de socialistas, entre los que se encontraban José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, se acercaron a P. Sánchez para proponerle reconquistar el poder del partido socialista, sabedores de que su escasa catadura moral encajaba a la perfección con la falta de escrúpulos de este hombre que ya había demostrado con creces su patológica ambición de poder. De esta forma, llenos de ilusión, cargados de planes para enriquecerse y financiados con 100.000 euros por el que fuera director general de RTVE, José María Calviño, el grupo de presuntos implicados en negocios turbios se compró un Peugeot 306 y se fue a recorrer los pueblos de España, con parada obligatoria en diferentes lupanares de la geografía española, para conseguir el voto de la militancia. Los resultados de las primarias celebradas el 18 de junio de 2017 vinieron a demostrar que los militantes socialistas pueden ser muchas cosas menos gente mínimamente racional, de tal manera que P. Sánchez se alzó con la victoria y fue nombrado de nuevo secretario general del PSOE, comenzando así una década en la que los desastres se habrían de ir sucediendo uno detrás de otro sin solución de continuidad.

Ya instalados en la primavera de 2018 el PSOE presentó una moción de censura contra Mariano Rajoy, proponiendo a su vez a P. Sánchez como candidato a la Presidencia del Gobierno. Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados el PSOE atacó con enorme vehemencia la acción de gobierno de M. Rajoy, poniendo el énfasis en la degeneración democrática provocada por la corrupción que afectaba al PP. Así, inicialmente José Luis Ábalos, en representación del PSOE, manifestó, en un ejercicio de cinismo impagable, que “Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal, no podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones”. Momentos después P. Sánchez tomó la palabra y entre otras lindezas vino a decir que “La corrupción actúa como agente disolvente y profundamente nocivo para cualquier país. Disuelve la confianza de una sociedad en sus gobernantes y debilita en consecuencia a los poderes del Estado (…). La corrupción merma la fe en la vigencia del Estado de Derecho cuando campa a sus anchas (…). Y en último término, la corrupción destruye la fe en las instituciones (…). Dimita señor Rajoy y todo terminará”. Pues bien, 8 años después de la moción de censura que sirvió para que el psicópata monclovita alcanzara el poder, nos encontramos con que España está inmersa en un lodazal de corrupción que afecta tanto al entorno familiar como al círculo político más cercano a P. Sánchez. Sin embargo, lejos de dimitir ante tan deplorable situación P. Sánchez se mantiene aferrado al poder, demostrando con ello que, lejos de ser un paladín de la regeneración democrática, en realidad es tan solo un maquiavélico impostor que ha nos conducido paso a paso a una degradación democrática de dimensiones bíblicas.

Buena prueba de ello es el juicio que actualmente se está llevando a cabo en el Tribunal Supremo por la existencia de una presunta trama de corrupción en el PSOE en la que están implicados al menos el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exasesor personal, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama. Los delitos que se investigan incluyen cohecho, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, financiación ilegal y pertenencia a organización criminal, es decir, lo más florido de la delincuencia de cuello blanco. Tras arduas investigaciones tanto la Fiscalía como la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han señalado sin dejar lugar a la duda que la trama funcionaba como una organización jerarquizada en la que Ábalos había aportado la influencia política necesaria, Koldo actuó como persona de confianza del exministro y encargado de la logística, mientras que Aldama era el intermediario financiero encargado de cerrar las operaciones con las empresas y canalizar las comisiones derivadas tanto de la compra irregular de mascarillas durante la pandemia, como de la adjudicación a dedo de obras públicas. Las declaraciones de todos los testigos, fundamentalmente de Aldama (que está colaborando con la Justicia para obtener beneficios penitenciarios), corroboran las conclusiones de la Fiscalía y de la UCO. Sin embargo, añadiendo leña al fuego al reparto de comisiones ilegales entre los miembros de la trama, Aldama ha ido más allá al afirmar que parte del dinero obtenido ilícitamente estaba destinado a la financiación del PSOE, algo que se ha visto respaldado por la también empresaria Carmen Pano, implicada en la trama del IVA de los hidrocarburos, al manifestar ante el juez que acudió en dos ocasiones a la sede del PSOE para entregar de manera subrepticia un total de 90.000 euros. Finalmente Aldama, dispuesto a tirar de la manta hasta dejar todo el operativo al descubierto, ha vinculado directamente a P. Sánchez con el cobro de comisiones ilegales, situándolo como el “Número 1” de la trama de corrupción que según todos los indicios está asolando al PSOE.

En definitiva, a la vista de los informes de la Fiscalía y de la UCO, así como de la declaración de los testigos solo cabe pensar en la existencia de una terminal del crimen organizado en las entrañas del PSOE, algo que de confirmarse por parte del Tribunal Supremo solo nos puede llevar a preguntarnos si P. Sánchez desconocía los hechos -en cuya caso habría que convenir que estamos ante un absoluto incompetente- o si por el contrario los conocía -lo cual sería la prueba inequívoca de que nos hallamos ante el jefe de una organización criminal que en su tiempo libre tiene a bien entretenerse en hundir en la miseria al pueblo español-.

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