La presunción de inocencia no es un estorbo político

La tragedia ferroviaria de Urda, en Toledo, exige respuestas serias, técnicas y judiciales. Lo que no admite es que un ministro convierta una investigación recién abierta en una rueda de prensa para señalar a un trabajador como responsable de una catástrofe que ha dejado decenas de muertos. Óscar Puente ha hecho exactamente eso: ha apuntado a un supuesto “fallo humano” de un responsable de circulación de Adif antes de que la investigación haya determinado qué ocurrió, quién decidió qué y bajo qué condiciones trabajaba.

No se trata de una cuestión de sensibilidad. Se trata de un principio constitucional básico: toda persona es presunta inocente hasta que una sentencia firme diga lo contrario. El ministro puede explicar los hechos conocidos, puede exigir transparencia y puede ordenar investigaciones. Pero no puede anticipar una culpabilidad, calificar de “inexplicable” la conducta de un empleado identificado y dejar flotando la idea de que el drama tiene un único autor: el técnico de la sala de control.

Según el propio relato del ministro, antes de la colisión se produjo una caída del sistema de seguridad LZB en un tramo de la línea Madrid–Andalucía, lo que obligó a gestionar la circulación desde el centro de control de Atocha. Ese fallo técnico no es un detalle menor: es el contexto esencial. Señalar después a un operario por una orden supuestamente contraria al protocolo, sin esperar a la instrucción judicial ni a la investigación técnica, es una forma muy conveniente de recortar la cadena de responsabilidad.

Si el sistema falló, hay que preguntar por qué falló. Si el protocolo permitía reanudar la marcha, hay que examinar quién lo redactó, cómo se formó al personal y qué medios tenía. Si no lo permitía, hay que saber si existían alarmas, supervisión, duplicidad de controles o condiciones de trabajo que explican el error. Reducir todo eso a la decisión de una persona es no investigar: es seleccionar un culpable.

CSIF ha denunciado precisamente que Puente haya utilizado al trabajador como “chivo expiatorio” en vez de asumir responsabilidades, cuando la investigación acababa de comenzar. Y no hace falta compartir la ideología de un sindicato para reconocer el problema: cuando el ministro de Transportes señala públicamente a un empleado de la empresa pública que depende de su departamento, su palabra no es la de un ciudadano cualquiera. Tiene el peso del Estado y puede condicionar la opinión pública, el clima laboral y hasta la propia percepción del caso.

Puente ha dicho que, de momento, no atribuye responsabilidades a nadie porque eso corresponde a la investigación. Pero sus palabras han dicho otra cosa: ha hablado de una orden “errónea” e “inexplicable”, ha indicado que el operario estaba identificado y sometido a investigación, y ha centrado el relato público en el error humano. Esa ambigüedad no protege la presunción de inocencia; la vacía.

La responsabilidad política es distinta de la responsabilidad penal. Un ministro no es automáticamente culpable de un accidente, pero sí es responsable de la seguridad, el mantenimiento, la modernización y la supervisión del sistema ferroviario. Si un sistema de seguridad obsoleto o degradado estuvo implicado, la pregunta no es solo qué hizo un técnico, sino por qué el Estado permitió que la seguridad de miles de viajeros dependiera de ese eslabón.

Por eso resulta tan indignante el apresuramiento. En un momento de dolor colectivo, lo que se necesitaba era prudencia institucional: datos verificados, independencia de la investigación, apoyo a las víctimas y respeto escrupuloso a quienes pueden acabar siendo imputados. En lugar de eso, se ha ofrecido una explicación rápida que parece diseñada para cerrar el relato antes de que se abran todas las puertas.

Un Estado serio no se defiende señalando al empleado más cercano al error. Se defiende garantizando que la verdad se establezca sin presión política. Si el técnico cometió un error grave, la justicia lo dirá; si además hubo fallos de sistema, formación, supervisión o mantenimiento, también deberá decirlo. Pero esa conclusión no puede fabricarse desde un atril.

La presunción de inocencia no protege solo al presunto responsable: protege a las víctimas, porque evita que la indignación se canalice hacia un relato cómodo antes de conocer la verdad. Y protege la democracia, porque impide que el poder Ejecutivo convierta una tragedia en una operación de desgaste de responsabilidades. Puente debería rectificar de inmediato, pedir disculpas si corresponde y dejar que los hechos hablen. Porque cuando un ministro sustituye la investigación por la acusación, no está buscando justicia: está buscando una salida. Y veremos que pasa ahora con la campaña electoral del 29N. Buena pregunta