El PSOE filtra una información para dañar a la Junta que le puede salir cara

La tensión en el PSOE andaluz se palpa porque la actualidad judicial está dejando escabrosos detalles de los casos de corrupción durante la etapa socialista en la Junta de Andalucía, como los gastos de dinero público en cocaína o fiestas, y otros como el montaje de la compra de votos de Jaén que acorrala al exalcalde Julio Millán. Malos momentos que tratan de superar desviando la atención, pero la estrategia le sale mal tanto al secretario general Juan Espadas, como a uno de los diputados de su grupo, que recibe el aviso de la Oficina Antifraude de una grave sanción.

Por un lado, han tratado de sacar tajada de la única buena noticia que recibe el PSOE en esta semana 'negra', al librarse del polémico caso del secuestro de la edil de Maracena (Granada). El juez ha archivado la causa contra la exalcaldesa del PSOE, Berta Linares, y el exconcejal de Urbanismo, descartando su implicación en el secuestro de la concejala Vanesa Romero. También se rechazó desestimó la participación del número 3 del PSOE-A y exalcalde de la localidad de Granada, Noel López, que fue excluido de la causa hace varios meses y recuperó su puesto de secretario de Organización, al que renunció hasta que se esclareciesen los hechos.

Los socialistas andaluces se agarran al 'salvavidas' de Maracena y su líder, Juan Espadas, lamenta el daño que la investigación les ha causado al PSOE al "quebrar la confianza del electorado" en las municipales del 28 de mayo, según señala en su perfil social. Además, exige "más que disculpas" a quienes "se saltan un principio básico del Estado de derecho, como es la presunción de inocencia", ha dicho Espadas, pero justo en el peor momento en el que los suyos no dan precisamente ejemplo y obligan a intervenir a la Oficina Antifraude andaluza.

Una investigación judicial a dos días de unas elecciones que sin duda alteró y quebró la confianza del electorado con las consecuencias que sabemos en el Ayuntamiento de Maracena y en la Diputación de Granada.

¿Quién resarce ahora la honorabilidad dañada de las personas…

— Juan Espadas Cejas (@_JuanEspadas) January 10, 2024

La 'malintencionada' filtración del diputado del PSOE

El portavoz del Grupo Socialista en la comisión de Presidencia del Parlamento, José Aurelio Aguilar, ha levantado sospechas sobre un alto cargo de la Junta y unas ayudas, utilizando una información reservada y que no era definitiva.

Concretamente, el diputado socialista ha dado a conocer este miércoles que la Oficina Andaluza Antifraude ha dictado una propuesta de resolución contra el director general de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía, José Manuel Martínez Malia, en la que propone incoar un "procedimiento sancionador" al constatar "indicios de causas de incompatibilidad" entre su puesto, al que accedió en 2019, y unas ayudas concedidas por la administración autonómica a dos empresas con las que tenía vinculación.

🔴 Moreno Bonilla se enfrenta a una nueva crisis de gobierno.

La Oficina Antifraude constata que el director de Pesca de la Junta ha incurrido en causa de incompatibilidad por dar ayudas a sus empresas y familiares.

¿No piensan dar explicaciones?

▶️ @JoseleAguilar pic.twitter.com/mvDxYvocZf

— PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) January 10, 2024

Pero la Oficina Antifraude no ha dejado pasar la filtración de este documento cuyo contenido es "provisional", aún esta en plazo de alegaciones, y ha advertido sobre las posibles consecuencias. La Oficina ha apuntado que su director "declaró el procedimiento reservado en virtud del artículo 14.4 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de Lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, lo que implica la obligación del deber de sigilo y de confidencialidad sobre los hechos que son objeto de investigación e inspección, así como las personas y entes sobre los que se producen dichas actuaciones".

Hasta 100.000 euros de sanción

Desde el organismo son rotundos y ha recordado que "la filtración de información en la investigación que cause graves perjuicios a la propia investigación o al denunciante está tipificada como una infracción muy grave" y "conllevaría sanciones que oscilarían entre los 30.001 y los 100.000 euros", advierten desde la Oficina Antifraude.

Finalmente, la oficina ha querido aclarar que, "en cualquier caso, la OAAF no está investigando ningún supuesto de fraude, las acciones que son objeto de filtración hacen referencia únicamente a infracciones de carácter administrativo, nunca delictivas, en las no se han detectado ningún tipo de alcance contable o de perjuicio económico para la Junta de Andalucía en el reparto de ayudas".