Las ministras que no sabían nada

Estos días abundantes informaciones sobre proyectos renovables sospechosos nos recuerdan que en España pasan cosas extraordinarias. Una de ellas es que el Ministerio que decide sobre miles de millones en proyectos energéticos puede convertirse, según parece, en el escenario de una investigación judicial por presuntas irregularidades penales… sin que nadie en la cúspide política se entere de nada. El Gobierno ha reaccionado anunciando una auditoría interna.

El caso Forestalia se ha destapado con una investigación judicial sobre la tramitación de proyectos renovables que apunta al corazón administrativo del Ministerio para la Transición Ecológica: la unidad encargada de las declaraciones de impacto ambiental.. En el centro del caso aparece un antiguo subdirector de Evaluación Ambiental del propio Ministerio. 

Pero no está solo. También figura como investigada la entonces directora general responsable del área. Y no se trata de expedientes menores: los investigadores examinan decenas de autorizaciones relacionadas con grandes proyectos energéticos.

Hablamos del “motor” de la transición energética impulsada por la antes Ministra y ahora Comisaria Europea Teresa Ribera. Y por la su entonces Secretaria de Estado y ahora Ministra, Sara Aagesen. Hablamos de decisiones administrativas que determinan si proyectos energéticos multimillonarios salen adelante o no. Porque conviene recordarlo: en el negocio de las renovables, la verdadera joya no es el molino ni el panel solar. Es el papelito, el permiso. 

El acceso a la red eléctrica es un recurso escaso, y los proyectos que logran superar determinados hitos administrativos —entre ellos la declaración de impacto ambiental— adquieren un valor que puede multiplicarse cuando el proyecto cambia de manos. De ahí que en los últimos años se haya desarrollado un mercado multimillonario de compraventa de proyectos energéticos.

Y resulta curioso que las Ministras que no sabían nada desde el propio Ministerio impulsaban cambios normativos que hacían aún más restrictiva la capacidad de acceso a la red, reservando nudos para futuras subastas llevan años sin convocarse. Casi 20.000 MW equivalentes a cerca de 20.000 millones de euros de inversión.

 Resultado: menos capacidad disponible para nuevos proyectos y más valor para los “papelitos” de permisos que ya se aprobaron.

Y curioso es también que impulsaran cambios normativos para “simplificar y acelerar” la tramitación de proyectos renovables, reduciendo determinados trámites ambientales mediante procedimientos extraordinarios aprobados en 2022 para todo el territorio nacional…sin haber definido previamente las zonas de aceleración de bajo impacto exigidas por la UE para esa flexibilización de trámites.

Lo dicho, el Gobierno ha reaccionado anunciando una auditoría interna. Lo cual tiene su punto de ironía institucional: el Ministerio que tramitó los expedientes investigará ahora los expedientes que tramitó. En esa investigación interna tendrá que explicarse por qué el alto cargo ahora investigado no desapareció del Ministerio cuando se jubiló. 

Al contrario: fue contratado de nuevo como asesor para el propio departamento. Otras informaciones han apuntado a posibles conexiones con redes de influencia política cercanas al entorno del PSOE que ya han aparecido en otras investigaciones recientes. Nombres como Santos Cerdán o Leire Díez han sobrevolado algunas de esas informaciones.

Por supuesto, la responsabilidad penal la decidirán los tribunales. Pero la responsabilidad política es otra cosa. Y ahí es donde la tesis de que las ministras no sabían nada pero con la auditoria interna se van a enterar, parece menos creíble que un parque eólico sin viento. Porque si sabían, malo. Pero si no se enteraban de nada, peor.

¿Las víctimas? La confianza de los ciudadanos en sus cargos públicos y los proyectos de renovables que hacen las cosas bien y siguen esperando en la cola su turno para invertir.