Caso IVAM: Se abre el melón de la reparación del daño

Cuando se agota el tiempo para que las acusaciones anuncien su intención de recurrir en casación ante el Supremo no hay un solo rumor o indicador de que así vaya a ser. Las fuentes consultadas por ESdiario -algunas cercanas a la propia Fiscalía- coinciden en apreciar que la meticulosidad y contundencia de lo sentenciado auguran la ineficacia de un hipotético recurso. Queda la incógnita de si, y contra todo pronóstico, la “abogacía de Puig” -en la terminología utilizada por Pablo Delgado en el escrito de Camps que produjo el archivo definitivo de la F1- quiere quemar un último cartucho por razones de carácter claramente político, cuando el adelanto de las elecciones de Castilla y León se ha colado en su agenda inesperadamente.

La cuestión viene a coincidir con la agudización del debate social sobre la reparación del daño causado a quienes han sido injustamente acusados durante años, y han sufrido ya las famosas “penas de telediario”. La televisión pública autonómica À Punt por ejemplo, destinó algo menos de veinte segundos de su informativo el día que la sentencia absolutoria se hizo pública, y cerca de cuatro horas un par de días antes con el “reportaje” -numerosas veces emitido con anterioridad- “el clan de los Blasco”. Apenas unos días después de la exculpación de los acusados en el llamado “pitufeo” que ha perseguido a Rita Barberá hasta cinco años después de su muerte y cuando diversos medios concurren en recordar centenares de exculpaciones siempre iniciadas
con intereses políticos, siempre difundidas a bombo y platillo durante largos procesos de instrucción, y normalmente dirigidas contra políticos del PP.

Pero no fue Juan Molpeceres, letrado que ha llevado adelante la defensa de Consuelo Císcar y de alguna forma viene ejerciendo el liderazgo de las defensas desde el inicio, quien introdujo el cariz político de este caso, sino curiosamente Santiago Milans del Bosch, quién en sus conclusiones definitivas a favor de su patrocinado José Luis Rueda, habló de “represión política” tras el cambio de gobierno autonómico.

Lo cierto es que la contundente absolución de los tres acusados en el denominado caso IVAM que ya acaricia la firmeza procesal, se ha producido seis años después de su inicio con la denuncia presentada en la Fiscalía por Joan Llinares y la UGT para unirse a la denuncia anónima –“libelo” según las defensas- que el entonces fiscal y hoy magistrado Vicente Torres guardaba en un cajón.

Se unieron excepcionales medidas cautelares como la retirada del pasaporte, incautación de obras de arte, fracasadas y costosas rogatorias en EEUU, señalamiento y embargo de propiedades y salario

A los cuatro investigados inicialmente (el equipo de dirección de Consuelo Císcar al completo) se fueron uniendo hasta diez imputaciones más, incluida las más dolorosa para la exdirectora, la de su hijo escultor, que poco a poco fueron siendo archivadas a lo largo de tres años y tras la “estratégica” separación de la causa en dos piezas con la imputación del hijo de Gerardo Rueda. Se unieron también excepcionales medidas cautelares como la retirada del pasaporte (exclusivamente a madre e hijo), incautación de obras de arte de la familia Císcar, fracasadas y costosas rogatorias en EEUU, señalamiento y embargo de propiedades y salarios (por algo más de cuatro millones de euros en conjunto, mas de la mitad de esta cuantía soportada por el hijo del artista). Y un permanente acoso mediático a su honor y buen nombre, auspiciado con filtraciones y resoluciones parciales reflejadas de inmediato en llamativos titulares.

Son tiempos de reparación del daño reputacional y económico causado a los injustamente acusados durante años.

En su entorno entienden esta absolución como una victoria en toda regla “contra los malos”. Hasta una conformidad “obligada”, como la de Domingo Parra, ha sido revertida por el Supremo a requerimiento de su abogado el catedrático de Alcalá de Henares Esteban Mestre. Cabe recordar que tanto Consuelo Císcar como Juan Carlos Lledó, hoy absueltos, se allanaron con idénticas acusaciones (prevaricación, malversación y falsedad documental continuadas) poco antes del verano en un juicio exprés cuyo resultado tal vez hubiera podido ser distinto tras conocerse esta absolución. Y que éste ha “esperado” algo más de un año desde que se acordó su celebración.