La corrupción del PSOE copa los tribunales: las causas de los ERE de dos en dos

Este año 2023 está siendo uno de los más activos en los juzgados para esclarecer todas las irregularidades que cometieron los socialistas al frente de la Junta de Andalucía. Los exdirigentes del PSOE son los protagonistas de las numerosas causas en las que se divide el caso ERE, tantas como desvíos de fondos públicos se han detectado. Y, aunque algunas de ellas prescriben por el tiempo trascurrido, otras siguen su curso, poniendo en evidencia las artimañas que convirtieron la administración autonómica en un nido de corrupción.

Así que las causas llegan hasta de dos en dos, después de que el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado dos autos en los que acuerda la apertura de juicio oral contra el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera y otros nueve acusados en dos piezas separadas del caso ERE.

Familiares de exdirigentes del PSOE entre los beneficiados de un ERE fraudulento

Fianzas millonarias y condena previa

Todos al banquillo por las ayudas a Manufactura Española del Corcho S.A. (Samec) y Huelva Comunicación Multimedia S.L. y Atlántico Radio y Televisión S.L.L.. De este modo, y en uno de estos autos, el magistrado abre juicio oral contra el exalto cargo de la Junta y el administrador de Atlántico Radio y Televisión al considerar que podrían haber cometido presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental, imponiéndoles sendas fianzas de 150.000 y 648.896 euros, respectivamente.

El juez José Ignacio Vilaplana en la Audiencia de Sevilla.

En la segunda de las resoluciones, relativas a las ayudas a Samec, el instructor abre juicio oral contra el exdirector general de Trabajo aludido y contra otras ocho personas por esos mismos delitos, fijando fianzas que oscilan entre 1.679.000 euros y 223.370 euros -impuesta a Daniel Alberto Rivera-.

El verdadero juicio de los ERE llega con la investigación de las sobrecomisiones

El magistrado ha recordado en sus autos que “los criterios inculpatorios más que consolidados respecto” a este acusado y alude a la sentencia dictada el pasado mes de julio por la Sección Primera en relación a las ayudas a Industrias Elizana, por las que Rivera fue condenado a dos años de cárcel y cinco años de inhabilitación absoluta como autor de un delito de prevaricación y de un delito de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, con la atenuante de dilaciones indebidas y la de reparación del daño.