El hermano del expresidente de la Junta era el "contacto" del fraude de los ERE

El tercer juicio de los ERE se ha reanudado en la jornada de hoy lunes en la Audiencia de Sevilla, que investiga las ayudas autonómicas a empresas vinculadas al sector del corcho, como Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera; con cargo al dinero de la Junta de Andalucía, con la que eran sufragados los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos e incluso innecesarios y subvenciones arbitrarias y sin publicidad.

Durante esta tercera sesión del juicio, ha comparecido como testigo un investigador de la Guardia Civil que ha ratificado el "amplio" atestado de dicho cuerpo con relación a los hechos que se atribuyen a los acusados. Entre ellos figura Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE, por su papel de socio mayoritario, administrador único o apoderado de las empresas investigadas.

El tercer juicio de los ERE contra el hermano del expresidente de la Junta

Junto a él, también el actual alcalde de Cazalla, Sotero Manuel Martín Barrero, como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas; el coadministrador de las empresas Rogelio B.M.; un empresario portugués administrador de varias de las entidades, identificado como Fernando Pedro M.O.; y un responsable bancario identificado como Gerardo C.E.

En conjunto, el caso abarca las ayudas concedidas entre 2001 y 2007 por importe de 8.408.096 euros a este grupo de empresas, "prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo, y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria", según el juez instructor José Ignacio Vilaplana.

En ese sentido, este investigador de la Guardia Civil ha explicado que las conclusiones del mencionado informe del Instituto Armado apuntan a que en las ayudas autonómicas investigadas "subyace un trato de favor hacia empresarios de la Sierra Norte de Sevilla".

La implicación del exconsejero socialista ya juzgado

Desde la Guardia Civil han explicado que, entre 2001 y 2004, durante el periodo del socialista José Antonio Viera como consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, dicho departamento de la Junta de Andalucía destinó "reiteradas" ayudas "excepcionales" "a sociedades vinculadas a la Sierra Norte de Sevilla", perteneciendo el mismo a la agrupación provincial del PSOE sevillano, que llegó a liderar posteriormente.

Viera no figura en el juicio debido al principio jurídico por el que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, ya que el exconsejero figura como condenado en la sentencia de la Audiencia de Sevilla sobre el "procedimiento específico" mediante el cual eran canalizados los fondos del presupuesto de la Junta de Andalucía.

Se trataba de ayudas, según este agente, en las que "el objeto no estaba especificado", que incurrían en aspectos "falsos", sin memoria justificativa, plan de pagos o proyecto de viabilidad y cuya aplicación "no generaba empleo", insistiendo en que estas ayudas se concentraban en la "comarca concreta" de la Sierra Norte de Sevilla.

Los acusados en el juicio, según ha asegurado, "debían conocer ese trato de favor", lo que le ha llevado a exponer que el acusado Ángel Rodríguez de la Borbolla, a la hora de declarar, alegó con relación a las ayudas que la Administración andaluza no le reclamaba "mayor justificación" sobre el destino final de los fondos.

Al respecto, este investigador ha explicado que en toda Andalucía, las subvenciones de la Junta con relación al sector del corcho fueron destinadas "sólo a empresas relacionadas con la Sierra Norte" salvo en un caso, que de todos modos se trataba de una sociedad "que tenía vinculación" con el acusado Ángel Rodríguez de la Borbolla.

El hermano del expresidente como contacto con la Junta

Con respecto al hermano del expresidente de la Junta, este investigador ha señalado su "papel preponderante" en los hechos investigados, al contar con "participación" societaria en todas las empresas indagadas, figurar como "autorizado" en todas las cuentas bancarias y ser además quien se encargaba del "contacto" con los responsables de la Administración andaluza para las subvenciones cosechadas.

Especialmente, ha señalado las ayudas destinadas a incentivar la fusión entre Cortansa y Corchos de Cazalla, unas subvenciones concedidas "muchas veces" pese a que tales sociedades no se fusionaban y "nunca" llegaron a hacerlo. A juicio de este investigador, se trataría de ayudas "pactadas de antemano" que constituían "más bien una entrega patrimonial de fondos públicos".

El Ministerio Público, en su escrito de acusación, considera que los investigados son responsables de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, por lo que solicita para Rodríguez de la Borbolla la pena de siete años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta; seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta para Rogelio B.M., Fernando Pedro M.O. y Sotero Martín, y cuatro años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta para Gerardo C.E., así como el pago de distintas indemnizaciones a favor de la Junta de Andalucía.