Moreno liquida los alquileres millonarios que dejó el PSOE y culpa a Montero

El Gobierno actual de la Junta de Andalucía tiene que lidiar todavía con problemas heredados de la gestión socialista, como el último que se ha conocido y que suponía el pago millonario en alquileres cada año, con dinero de las arcas públicas, para poder mantener la actividad de la administración.

Una auténtica losa que este lunes se quita la Junta, tal y como ha señalado el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que ha anunciado la compra por valor de 328 millones a la empresa WP Carey de los 70 inmuebles que pertenecían al Gobierno andaluz y que este les vendió en 2014. Una decisión que apunta a la actual ministra de Economía, María Jesús Montero, durante su etapa como consejera andaluza.

El Gobierno del PP de Moreno toma las riendas y ha calificado esta operación de compra como un acto de "eficiencia en la gestión" y que supondrá "un ahorro de más de 100 millones" a las arcas públicas, más los alquileres que habría que pagar desde el año 2034 en adelante. El dinero se pagará de una vez con cargo a los presupuestos de 2024.

🔴 Anunciamos un importante ahorro. Recuperamos 70 edificios vendidos en 2014 por el Gobierno socialista, donde trabajan 8.600 empleados públicos, y por los que había que pagar 708 M€ en alquiler hasta 2034.

El ahorro supera los 100M€.

Una buena noticia para #Andalucía. pic.twitter.com/1bxWNsMPiO

— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) October 23, 2023

Los detalles de la operación se han conocido durante la intervención del el presidente andaluz en un acto en Sevilla en el que ha estado acompañado por la consejera de Economía, Carolina España, donde ha concretado que solo este año se han pagado 35,6 millones por el alquiler de estos edificios. Una losa que se quita el Ejecutivo sobre las cuentas públicas, ya que este dinero se destinará para atender otras prioridades en los presupuestos andaluces como son la educación, la sanidad, la dependencia o servicios sociales.

Moreno señala a la ministra Montero

El presidente andaluz ha recordado que cuando llegó en 2019 a la Junta de Andalucía se encontró con "desorden" en muchos aspectos de la gestión diaria, siendo uno de ellos el patrimonio inmobiliario público, que genera unos gastos de 60 millones cada año en alquileres.

Moreno ha recordado que en 2014, cuando era consejera de Hacienda y responsable de patrimonio en el Gobierno andaluz la actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, "la Junta decidió vender a la empresa de inversiones Holmes por 300 millones de euros un total de 70 edificios en los que trabajaban más de 8.600 empleados públicos".

El dinero se ingresó, se gastó y se hipotecó el patrimonio de los andaluces. Solo este año hemos pagado 35,6 millones euros por el alquiler de estos 70 edificios, un precio que se va revalorizando cada año según el IPC.

Aquel acuerdo, ha añadido, "tenía una contrapartida que bajo mi punto de vista era completamente lesiva con los intereses de la administración autonómica", ya que "se obligaba a la Junta a alquilar esos edificios a los nuevos propietarios, a los que le habíamos vendido nuestro patrimonio público, por un periodo de 20 años a través de lo que se conoce como 'Sale and Lease back', 'Venta con arriendo posterior'".

La sospechosa operación de Montero

El presidente andaluz ha asegurado que el contrato de alquiler tenía una "cláusula suelo" que establecía que, con independencia de cuál fuera el IPC, el precio de la renta se subiría, al menos, un 1,5% y ha recalcado que en la década que ha estado vigente el contrato el IPC ha sido negativo o inferior al 1,5% la mayor parte de los años y cuando ha sido superior, la renta se ha revalorizado con la cifra más alta, es decir, la del IPC.

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Respecto a esto, ha afirmado que aquella operación de 2014 fue en su día comentada y que hasta la Cámara de Cuentas denunció sus perjuicios, ya que "los 300 millones que se ingresaron por la venta de los edificios se gastaron y lo que quedó fue una deuda de por vida, un problema que no existía y que se generó por una mala decisión".

Cifras que asustan

Moreno ha incidido en que con este acuerdo se pone fin a esta situación, ya que ha añadido que hasta 2034, año en el que expiraría el contrato inicial, la Junta habría pagado por los alquileres unos 708 millones en concepto de renta, casi dos veces y media lo recibido, y a partir de ahí, todos los años, de por vida, una renta que superaría sin duda los 40 millones cada año.

"Hasta final de 2023, se habrán abonado unos 279 millones y de aquí a 2034 se tendría que seguir abonando un coste estimado de 430 millones, más los gastos de conservación y reparación. Además, pasados los 20 años del contrato, se debía buscar nuevo sitio para los 8.600 empleados de dichas sedes, o volver a negociar con la propiedad nuevos alquileres", ha concluido.