La Oficina Antifraude lanza un SOS ante la reforma de la malversación de Sánchez

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) ha lanzado un aviso a navegantes  si sigue adelante la reforma de la malversación que está intentando llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez a medida de los independentistas. De hecho, ha augurado una "muy previsible revisión a la baja de numerosas condenas por delito de malversación con carácter general".

Este órgano, dirigido por Ricardo Vicente Puyol, sostiene que dicha reforma del delito de malversación supone "un claro retroceso en los avances alcanzados hasta el momento en la lucha contra la corrupción".

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En este sentido, el director de la OAAF, Ricardo Puyol, ha defendido que la reforma del Código Penal del año 2015 supuso "una mejora de notable importancia en lo que respecta a la persecución de delitos de malversación, dado que su regulación se configuraba en el amplio concepto de la administración desleal del patrimonio público".

Durante sus siete años de vigencia, según ha añadido el máximo responsable de la citada oficina andaluza, dicha norma "ha permitido poner cerco a incontables actos de corrupción sobre los que no hubiese sido posible una condena con la aplicación de la regulación de 1995, que adolecía de innumerables carencias técnicas".

Así, consideran "un grave error la distinción del delito de malversación en función de la existencia o no de ánimo de lucro" que se pretende incluir en la reforma impulsada por el Gobierno, pues aseguran que  "la malversación es un acto de corrupción que provoca daño a la Administración", de forma que "lo determinante no es que exista un lucro personal o de terceros, sino el enorme perjuicio que se causa sobre el patrimonio público".

De igual modo, auguran que "la revisión a la baja de las penas en sus diferentes modalidades va a provocar, por aplicación del artículo 131 del Código Penal, una más rápida prescripción de estos graves delitos contra la administración pública".

"En definitiva, la adopción de la reforma del delito de malversación de caudales públicos no ha respondido ni a una necesidad jurídica ni a una demanda social, sino a un criterio estrictamente de coyuntura política", han zanjado.